Opinion | 29 May En España lo prohibieron y en Uruguay la campaña lo puso como tema de análisis. Se lo conoce como “spam telefónico” y es una llamada automática, sin intervención humana y con intenciones de venta directa. El mercadeo telefónico no es una novedad y es contemporáneo con la expansión, en un alto número, de los teléfonos en domicilios. En algún momento, todos hemos sido público objetivo de esas llamadas. El metódo es el mismo, ya sea para la oferta de una póliza de seguros o la convocatoria a votar a un candidato.
Evidentemente, estas llamadas no son solicitadas por el usuario. Por lo tanto, habrá quienes se quedan contentos con el mensaje y otros que tengan una reacción negativa y de inmediato corten la comunicación. Para algunos, la llamada habrá constituido una buena oportunidad de escuchar la opinión de un candidato, mientras a otros les habrá resultado de lo más inapropiada porque llegó, por ejemplo, cuando acababa de conciliar el sueño en su única oportunidad semanal de dormir la siesta.
La nueva legislación española tiene un sentido similar a la existente en Estados Unidos, previendo la adhesión de los usuarios a una lista en la que expresan su oposición a recibir dichas llamadas (do-not-call).
Si bien el hecho de que las llamadas automatizadas se realicen de forma aleatoria, a partir de una guía telefónica, sin identificar concretamente al destinatario, por tratarse el teléfono de un instrumento tan privado para la familia, la llamada resulta invasiva de la intimidad. Por ello, la posibilidad de aclarar explícitamente, también en Uruguay, que uno no desea recibir esas llamadas, independientemente del objetivo, sería una buena medida que llegaría en sintonía con la creación de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.
Lo cierto es que en las condiciones actuales no estamos exentos de recibir y escuchar mensajes que no nos interesan, incluso más de una vez en el mismo día. La salida es reclamar un sistema que nos permita autoexcluirnos de la lista de destinatarios. No se trata de una medida contra las empresas que utilizan estas prácticas, sino de abrir un paraguas que evite el abuso en la utilización de este instrumento publicitario.