Opinion | 03 Jun El horrendo episodio que conmovió hace pocas horas a la sociedad sanducera, en el que un adolescente con discapacidad resultó víctima fatal de un incalificable delincuente con dos antecedentes penales en su haber --uno de ellos por homicidio--, pone al desnudo una vez más graves falencias de nuestro sistema judicial, en el que lamentablemente está vigente un conjunto de leyes que podían haber servido teniendo en cuenta las circunstancias y la realidad de otros tiempos, pero han quedado absolutamente desactualizadas.
Cuando toda la sociedad tiene fresco el episodio corresponde evaluar hasta donde se disocia la legislación de la realidad, y cómo se han perdido referencias en cuanto al equilibrio que se dice perseguir entre la función de las cárceles como instrumento de rehabilitación y punitivo, con el agregado de factor de contención de antisociales hasta que teóricamente estén en condiciones de reinsertarse en la sociedad.
Este aspecto es particularmente delicado, desde que por un lado conlleva evaluar si se ha cumplido con la función de rehabilitar al individuo para ser devuelto a la sociedad, con hábitos de trabajo, capacitación e instrumentos que pasan por su convencimiento sobre la necesidad de seguir por el camino recto, o si por el contrario, simplemente hubo un efecto de contención hasta que cumpliera la pena y su convivencia con otros delincuentes solo ha servido a efectos de perfeccionar sus métodos para delinquir.
Lamentablemente nuestras cárceles sirven mucho más para este último fin, pero en la aplicación de las leyes los jueces siguen por lo general abriendo una carta de crédito muy amplia, en sintonía con un régimen de penas muy benigno y que ofrece libertad anticipada transcurrido determinado lapso de la pena.
Con ese particular criterio se ha dejado de lado la contraparte de la problemática, aún más importante que la anterior, que es la de proteger a la sociedad que ya en una o más oportunidades ha sido agredida por el antisocial, y a la que nadie asegura que esta vez va a ser la vencida y se contará con la reinserción de un rehabilitado.
Las estadísticas indican que gran parte de los procesados por la comisión de determinados delitos reincide y que su liberación lo que hace es precisamente darles la chance de volver a la senda del delito, muchas veces con mayor agresividad y audacia, lo que conlleva el fracaso rotundo de políticas consideradas en teoría como de avanzada, pero cuya aplicación práctica significa un retroceso flagrante, con el ciudadano común como el gran afectado, por ser la víctima del desborde de los liberados prematuramente y que lejos de rehabilitarse ni siquiera han pensado en ir por otro camino.
Podrá decirse que como en tantos órdenes de la vida suelen pagar justos por pecadores, desde que la sociedad mete a todos en una misma bolsa y el estigma de la prisión hace que no sea fácil encontrar una oportunidad laboral, por lo que el asunto se asemeja al dilema del huevo y la gallina. Pero hay delitos y delitos, y determinados desvíos que indican que la rehabilitación resultará harto difícil, y es en este punto donde debe primar el sentido común de los jueces, para hacer que la ley se cumpla en su letra y en su espíritu, en la restringida franja de flexibilidad que permite.
El autor de la violación y el cruel asesinato recientes fue un sujeto que tenía antecedentes precisamente por abuso contra menores y por homicidio, aunque el magistrado hubiera llegado a establecer la figura de la defensa propia. Pero ese delito fue cometido en 2006 y al poco tiempo el malviviente ya estaba otra vez libre, teóricamente inserto en la sociedad pero en verdad agazapado como fiera para dar rienda suelta a sus instintos.
Ante una inseguridad que únicamente no quiere percibir el gobierno, cuando se han liberado presos por superpoblación carcelaria, la sociedad sigue expuesta a que sean devueltos a las calles individuos de probada peligrosidad --hayan o no cumplido su condena-- que nadie en su sano juicio puede pensar que estén recuperados. Sin embargo, quien tiene el poder de decidir en la materia, que es el gobierno y el sistema político en su conjunto --aunque la mayor responsabilidad es del Poder Ejecutivo y los legisladores oficialistas, que tienen mayoría-- siguen si dar respuestas, apostando tal vez a que cuando ocurren hechos como el que nos ocupa, el paso del tiempo acalle los ecos. Hasta que se desate la próxima tragedia y volvamos a encontrarnos con que todo sigue igual, con la sociedad tan inerme como siempre ante los antisociales.