Opinion | 04 Jun Fue aprobado un decreto que establece que a partir de este mes no se podrán vender cascos que no cuenten con el sello de calidad homologado por el LATU y la Facultad de Ingeniería. La norma establece, también, que desde setiembre de 2010 todos los motociclistas deberán usar ese tipo de cascos o serán multados.
Desde la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios dijo a medios capitalinos que esto permitirá que los cascos realmente cumplan con la función para la que fueron ideados y agregó que, teniendo en cuenta que son muchas las personas que ya tienen los suyos y que estos serían --en su mayoría-- de mala calidad, se realizará un plan recambio que establecerá un costo bastante menor para los homologados.
La iniciativa, que es buena, apunta a contar con elementos de seguridad vial que sean de calidad, para que puedan cumplir cabalmente con su finalidad. El plan recambio contemplaría también la economía familiar de las personas que adquirieron cascos no homologados, desde que entró en vigencia la Ley Nacional de Tránsito y su uso se volvió obligatorio.
El problema es que son muchos los motociclistas que siguen sin utilizarlo. En las calles de Paysandú el no uso del casco es una de las infracciones cotidianas y de las más numerosas. Primero se respetó bastante la ley durante el día, pero en las noches --especialmente en el verano-- era norma ver motociclisas, fundamentalmente jóvenes, sin casco.
Ahora, circular sin ellos es una cosa tan común y cotidiana, que pareciera que no fuera una infracción. Sigue siendo, claro está, una irresponsabilidad con la vida propia y la ajena si se trata de los propios hijos a los que se transporta sin este elemento de seguridad. Y ambas cosas son comunes de ver. Evidentemente está fallando la fiscalización, porque de lo contrario no se explica que tanta gente circule sin casco cuando por ley es obligatorio usarlo. Es desde este punto de vista que la preocupación de las autoridades por contar con cascos de comprobada calidad y pretender generalizar su uso mediante la imposición de sanciones para quienes estén en infracción, entra en conflicto con la realidad.
Si no se cumple --o se cumple poco-- con la obligación legal ya existente, parece poco probable que buena parte de la población se moleste en cambiar su casco por otro mejor, máxime cuando algo tendrá que pagar.
El tránsito no es un tema sencillo, pero la permisividad que se observa en nuestras calles poco bien le hace a las buenas intenciones y, obviamente, para nada contribuye a dotar de mayor seguridad nuestros desplazamientos diarios. Aunque suene perogrullesco, “lo primero es lo primero” y, en este caso, hay que empezar por lograr que la gente use este elemento de seguridad.