Opinion | 05 Jun Las actividades propias de la campaña electoral demandan a los postulados a ocupar cualquier cargo electivo un ritmo de actividad que resulta incompatible con las responsabilidades que implica un cargo en cualquier organismo de gobierno. Desde ese punto de vista resulta bienvenida la resolución presidencial de sustituir a los ministros que aspiren a ser candidatos para las elecciones de octubre. El remplazo se concretaría luego de las elecciones internas y los designados permanecerán en el cargo hasta el final del período de gobierno.
En Uruguay existen plazos estipulados para que los titulares de los cargos renuncien a los mismos para poder ser candidatos, o lisa y llanamente son impedimento de candidatura. Por ejemplo, tienen prohibida toda actividad política, por considerarse que su función requiere ajenidad o neutralidad partidaria, los magistrados, los militares en actividad y los funcionarios policiales, por lo que deben cesar en sus funciones tres meses antes del acto electoral. En el caso de los intendentes deben renunciar tres meses antes de las elecciones para postularse a la reelección o a algún cargo legislativo.
Más allá de las reglas escritas, los impedimentos para postularse tienen el objetivo de no afectar la libre competencia electoral y proteger de la contaminación política a los ámbitos que deben servir al conjunto de los ciudadanos.
Evidentemente la campaña electoral es la confrontación de partidos y candidatos, en donde a través de las respectivas exposiciones y contraposiciones de ideas y propuestas, cada colectividad buscará la aprobación popular para asumir el gobierno y cada personaje mostrará sus realizaciones. Más allá de lo efectiva que finalmente resulte la acción, la esencia pasa por responder a las necesidades e intereses de los ciudadanos.