Opinion | 09 Jun En pleno año electoral, cuando cada administración juega sus últimas y más preciadas cartas para captar el voto de la gente, el Congreso de Intendentes resolvió solicitarle al gobierno central la creación de un fondo especial de libre disponibilidad para solventar los gastos que en políticas sociales hubo de encarar cada una de las intendencias. El hecho es que según trascendió en la prensa, el conjunto de las comunas tendría una deuda acumulada de 140 millones de dólares, y aunque ciertamente algunas estarían al día, otras en cambio están con el agua al cuello con un fuerte déficit. Concretamente en Paysandú solo en el presupuesto 2007 el desequilibrio fue de más de tres millones y medio de dólares, y aunque aún no hay datos concretos todo indica que el desbarajuste se mantiene en 2008 y lo que resta de 2009.
Si bien coincidimos en que el gobierno nacional debería devolver en mayor medida de lo que lo hace los recursos que cada departamento produce, ya que desde siempre la capital se ha nutrido de los recursos generados por un Interior postergado, las actuales justificaciones esgrimidas por el Congreso de Intendentes no son de recibo, puesto que lisa y llanamente lo que sucede es que se gasta más de lo que ingresa, y eso es simplemente un acto de irresponsabilidad administrativa. Argumentar que la Intendencia se está haciendo cargo de cosas que no le compete no viene al caso, por cuanto su obligación constitucional es que cada gasto debe estar equilibrado con su presupuesto.
Por otra parte, de crearse este fondo no solucionaría el problema estructural que es la mala administración municipal, que en Paysandú llega al punto en que los ingresos directos ni siquiera alcanzan para pagar los sueldos de sus funcionarios.
Por lo tanto, este fondo sería manteca en hocico de perro, premiando al que hace las cosas mal con un respaldo económico que al fin de cuentas, todos sostenemos con nuestros impuestos. Llevado a la economía del hogar, equivaldría a que cada jefe de familia contara con un fondo del Estado para financiar la cuota de la moto que no pudo pagar por haber comprado un televisor nuevo o cosas semejantes.
Sin ir más lejos, Paysandú tiene desde 2006 el Presupuesto Participativo. Este se financia con un 3% del presupuesto municipal, por lo que si bien a través de esta herramienta creada por la Administración Pintos se están encarando obras sociales que nada tienen que ver con la competencia municipal, está claramente establecido de dónde provienen los recursos y no debería significar un mayor déficit para la comuna. Para la caminería rural en cambio, se sabe de antemano el dinero que recibirá del gobierno central por el artículo 298 de la Constitución, e incluso durante este período se regularizó el flujo que ahora llega en tiempo y forma. Además son precisamente los ingresos provenientes del gobierno central los que a la fecha sostienen a la actual intendencia, puesto que sin éstos ni siquiera alcanzaría para pagar los sueldos, como indicamos anteriormente.
Tampoco está claro si los aportes recibidos por el fondo propuesto serían reembolsables, en cuyo caso pasaría a ser un cheque en blanco para generar mayor déficit, o si se constituirían en una suerte de premio por una mala gestión, lo que sería ciertamente lamentable.
Cabe inferir entonces que lo que se pretende es enjugar los errores de una administración irresponsable, en momentos en que cada intendencia busca diferenciarse lo más posible de las anteriores con obras para las cuales no tiene los recursos, por haberlos malgastado durante las épocas de bonanza de la economía nacional.