Opinion | 09 Jun Recientemente la conferencia de las partes del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes aprobó la inclusión de nueve sustancias químicas que se suman a las doce ya contenidas en el convenio, las que deberán ser eliminadas a nivel global, dado su impacto adverso sobre la salud humana y el medio ambiente.
Para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en este accionar, se creó una Red de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnologías y, en este marco, Uruguay fue confirmado por la ONU como centro regional, convirtiéndose así en una referencia mundial en materia de manejo integrado de químicos y desechos peligrosos.
La instrumentación de dicho centro forma parte de un esfuerzo conjunto de la Dinama y el LATU, con el Ministerio de Relaciones Exteriores como aliado estratégico y representa una distinción en materia ambiental.
No obstante, esto no siginifica que nuestro territorio esté exento de problemas ambientales generados a partir de sustancias contaminantes persistentes. Se trata de productos químicos que pueden matar personas, producir daños en el sistema nervioso e inmunológico, provocar cáncer y desórdenes reproductivos y perturbar el desarrollo normal de lactantes y niños.
Si bien el nivel de riesgo varía de un contaminante a otro, estos comparten cuatro características: son altamente tóxicos; son estables y persistentes y tienen una duración de años, incluso de décadas, antes de degradarse en formas menos peligrosas; se evaporan y se desplazan largas distancias a través del aire y el agua, y se acumulan en el tejido adiposo de los seres humanos y las especies silvestres. Afortunadamente, hay soluciones de sustitución, pero sus costos son altos y no hay conciencia del problema.
Muchos son utilizados como plaguicidas y si bien nuestro país cuenta con normas que establecen el control de su uso y venta, así como composición de fertilizantes, inscripción y habilitación, lo cierto es que el país no está indemne. Por el contrario, forman parte de una realidad no del todo conocida que cuando sale a la luz nunca es con buenas noticias. Por todo esto, la designación de la ONU a nuestro país no debería quedar en el plano de la cooperación científico tecnológica y la transferencia de información y conocimientos sino implicar también un compromiso efectivo para controlar y mitigar los problemas por el uso de plaguicidas en todo el territorio nacional.