Paysandú, Sábado 13 de Junio de 2009
Locales | 07 Jun El director del Departamento de Gobiernos Departamentales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), doctor Alberto Rosselli, informó que en unos cuatro meses el gobierno central contará con “una buena base de información” sobre el gasto público social de las intendencias, que permitará saber “si la inversión es acorde al resultado, qué corregir y dónde poner el énfasis. Aumentar el gasto sería irresponsable e imposible”, opinó.
Varios intendentes del país han puesto énfasis en los últimos meses en el peso que tiene el gasto social en las economías de sus comunas y ese fue uno de los argumentos utilizados para solicitar al Poder Ejecutivo la habilitación de una partida extra de financiamiento para las intendencias.
Un estudio realizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) advierte que las comunas invierten entre un 20 y un 30 % en gasto social, rubro en el que podría descender la inversión.
El gasto público social (GPS) está compuesto por las diferentes erogaciones realizadas por los organismos del sector público y que corresponden a las áreas definidas como sociales. Dichas erogaciones incluyen las retribuciones al personal ocupado, las compras de insumos y servicios, las inversiones y otro tipo de gastos de funcionamiento. En términos operativos, el gasto público social está destinado a brindar servicios de educación, salud, agua potable, servicios comunitarios y vivienda, a realizar políticas de asistencia social y a garantizar los seguros sociales que incluyen la previsión social, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo y otros servicios sociales. No constituye un concepto simple de analizar, ya que engloba diversos tipos de programas y su ejecución está a cargo de distintos niveles del gobierno, ya sea este nacional, local o en el ámbito de las empresas públicas o entes descentralizados.
El procedimiento para estimar la magnitud del gasto social que se utiliza habitualmente en la mayoría de los países, se basa -fundamentalmente- en la identificación y cuantificación de las erogaciones presupuestarias.
AúN NO HAY CIFRAS DEL 2008
Según explicó Rosselli en diálogo con EL TELEGRAFO, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República comenzó a trabajar en este tema en 2007 a partir del análisis de las Rendiciones de Cuentas de las intendencias “con todos los riesgos que tiene un trabajo de oficina que analiza cifras y no necesariamente tiene elementos para saber cuál es el destino de esos dineros”.
“A partir de ese momento se ha hecho un trabajo por los gobiernos departamentales y la OPP --a la que el presidente de la República encargó se ocupara de este tema--, intentando tener elementos de juicio para saber cuál es el gasto público social del país y si la inversión es acorde con el resultado, qué corregir y dónde poner el énfasis. Estamos trabajando con el esfuerzo de todas las intendencias y en unos cuatro meses vamos a tener una buena base de información”, sostuvo.
“Lo que estamos tratando de hacer es que todos registremos como gasto social los mismos conceptos a los efectos de poder comparar”.
“Esto supondrá que hagamos lo mismo con los datos del ejercicio 2008 que cierra el 30 de junio. Por lo tanto, a partir de esa fecha estaremos en condiciones de elaborar una fotografía del 2008, que se sumará a las de 2006 y 2007, que nos permitirá saber cuál es la situación del gasto público social. Aún no hay cifras, depende de cómo registremos y qué registremos como gasto público social”, añadió.
ADECUAR EL GASTO,
NO AUMENTARLO
“Cuando estamos hablando de descentralizar y adecuar el gasto a ese proceso no estamos hablando de aumentarlo, porque sería irresponsable e imposible. No se puede duplicar el gasto, es imposible. En todo caso, lo que habrá es una readecuación, ya que algunos organismos del Estado asumirán determinadas responsabilidades que deberán ser acompañadas de recursos y hay otros que hasta ahora los estaban recibiendo, pero como no van a tener más la responsabilidad, van a dejar de tenerlos”, dijo.
ENDEUDAMIENTO
Sobre el endeudamiento de las intendencias, que según la OPP es del orden de 140 millones de dólares en total, destacó Rosselli que a pesar que las deudas de las intendencias son importantes también es “estrictamente cierto” que “hay intendentes de los tres partidos políticos que han pagado deudas contraídas anteriormente a su gestión y que a lo largo de estos últimos años han mejorado la situación” de endeudamiento de sus comunas.
“Aunque siempre hay excepciones, hay un número importante de intendencias que considerando los compromisos que asumieron, vienen al día y están regularizando las deudas atrasadas. Hay un endeudamiento importante pero lo cierto es que no es este el mejor momento --no sólo porque estamos en medio de la campaña electoral sino también a la finalización de un período de gobierno-- para planificar para el futuro tanto a nivel nacional como departamental, más allá de que algunos intendentes puedan llegar a ser reelectos”, sostuvo.
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