Opinion | 14 Jun El conflicto que ha estado afectando los últimos días a la planta de ALUR, en Bella Unión, pone de relieve las dificultades que enfrenta este complejo ya antes de su puesta en marcha, porque se parte de una base voluntarista que ha pretendido llevar a cabo contra viento y marea un proyecto que se remonta a las movilizaciones de cañeros de la década de 1960, por el movimiento tupamaro en el marco de una postura ideológica inspirada en la por aquel entonces novedosa revolución cubana.
En esta oportunidad estamos ante un problema de precios, que es un nudo gordiano del proyecto, por cuanto se parte de la explotación de la caña de azúcar, que es absolutamente antieconómica en nuestro país, al punto que estas son las plantaciones de este cultivo ubicadas más al sur del Ecuador en todo el mundo, es decir lejos de las condiciones mínimas de temperatura, humedad y suelos que se requieren para que la caña logre rendimientos imprescindibles para hacer rentable la empresa.
ALUR, por lo tanto, ha nacido torcido y es un árbol al que se le pretende enderezar el tronco a fuerza de recursos, los que pagan todos los uruguayos a través de Ancap, la que por supuesto va a tener que captar partidas extra del área de combustibles para enjugar las pérdidas por la caña y encimarlas a los millones de dólares al año que pierde por la elaboración de cemento portland.
Las inversiones en este complejo fronterizo ya se han llevado decenas de millones de dólares para ver si algún día da ganancias, en el marco de una ecuación económica que hasta ahora no ha sido dada a conocer, con el argumento de que todavía todo es inversión y que con el tiempo se irá amortizando el capital.
Mientras tanto, se han aumentado las hectáreas implantadas en procura de llegar a las diez mil para supuestamente hacer viable la producción y mejorar los ingresos por la vía de la generación de electricidad y de alcohol, en el marco de un proyecto que refleja voluntarismos por todos lados y un esquema que presenta muy pocos visos de sustentabilidad, por ser benignos con el término.
El último traspié se ha dado con los productores nucleados en la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar, los que han considerado insuficientes sucesivas propuestas de la empresa en el precio fijado para la zafra y como elemento de protesta y presión están cortando el ingreso a la planta desde hace una semana. Los productores entienden que no les sirve el precio de once pesos por kilogramo de azúcar, pese a la propuesta del presidente del Directorio, Raúl Sendic, de no cobrar el adelanto otorgado el año pasado y que implicaba 10 centavos más de dólar por kilo.
Según los productores –-que tienen por qué saberlo-- desde hace tres años están trabajando a pérdida y proponen un 20 por ciento de rentabilidad, cuando ALUR ofrece menos de la mitad.
Es que los productores entienden que tras tres años de vacas flacas –o de cañas, mejor dicho-- les debería llegar la hora de ver recompensado su esfuerzo, cuando en teoría ALUR pasaría a tener ganancias (¿?) debido a que también comenzará a comercialiar energía a UTE y alcohol a Ancap.
Claro, estos son aspectos económicos clave para la empresa y los productores, pero en medio de esta discusión Raúl Sendic trajo a colación un ingrediente que llama la atención, por lo menos por quien lo expresa, ya que el jerarca consideró que detrás del reclamo de los productores hay “móviles políticos”, cuando se trata lisa y llanamente de una reivindicación económica, como hace cualquier gremial en defensa de sus intereses. Ocurrre que cuando los reclamos sirven a los laderos de la fuerza de gobierno, son “justos” y merecen toda la atención del mundo, porque además se inscriben en la sagrada lucha de clases, pero cuando son protagonizados por otros gremios que salen a defender lo suyo, se argumenta que se está ante móviles políticos y hasta de intentos de desestabilización.
Esta ambivalencia marca un derrotero clásico del gobierno, pero a la vez generan legítima inquietud las expresiones de candidatos como José Mujica, quien ha redoblado la apuesta al ingenio azucarero, e incluso las de los precandidatos Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry no suenan tranquilizadoras, cuando consideran que debería dársele continuidad al proyecto, aún sin tener una idea más o menos aproximada de cual es su ecuación económica, por lo que se corre el riesgo de consolidar un emprendimiento que sería otro caballo de Troya para institucionalizar pérdidas crónicas para el Estado y por consiguiente para todos los uruguayos.