Opinion | 11 Jun La reciente protesta de apicultores ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tras haber desfilado por las calles de Montevideo con sus vehículos, trajes de trabajo, cajones y hasta ahumadores encendidos, pretendió sensibilizar a las autoridades de esta secretaría de Estado, al Ministerio de Economía y Finanzas y a los legisaldores, respecto a la grave situación que padece el sector, el que además entienden ha sido discriminado en los apoyos a efectos de que pueda superar esta coyuntura adversa.
Nucleados en la Sociedad Apícola Uruguaya y las respectivas mesas departamentales, los productores han intensificado en los últimos meses las gestiones ante el gobierno central respecto a un panorama que aparece como muy comprometido a esta altura por una serie de factores que pasan desde adversidades meteorológicas hasta los alicaídos precios internacionales y la mortandad de abejas como consecuencia del uso de productos fitosanitarios.
Un aspecto negativo y desestimulante, como el descenso de la cotización internacional de la miel, ha tenido a la vez el formidable agravante de la sequía, que ha derivado en una aguda caída en la producción de miel, al punto que hubo zonas en la que no hubo cosecha y por el contrario, se debió salir a alimentar a las abejas para sostener el funcionamiento de las colmenas.
El Uruguay, un país de leche y miel, como en los pasajes bíblicos, con excelentes condiciones para tener una gran producción en estas áreas, padece sin embargo una severa crisis en ambos rubros como consecuencia de problemas internos y externos, lo que debería llamar a reflexión a las autoridades nacionales, desde que el eslogan del país productivo tiene mucho más que ver con estas explotaciones agropecuarias que con las iniciativas “contra natura”, como es por ejemplo el complejo sucroalcoholero sobre la base de la caña de azúcar en Bella Unión. Los apicultores integran por lo general en nuestro país emprendimientos familiares, que son fundamentalmente complementarios de otras actividades agropecuarias, pero cuyo desarrollo ha resultado clave para mejorar economías de pequeñas empresas rurales, las que se han nucleado en cooperativas y asociaciones que permiten conjugar esfuerzos en cuanto al volumen de producción y colocación del producto en el exterior, así como lograr compras en conjunto y gestiones ante organismos del Estado y entidades privadas.
Los problemas de precios y la consecuente baja de la rentabilidad se han prolongado durante demasiado tiempo para un sector muy vulnerable, al punto que han desaparecido ya decenas de miles de colmenas en todo el país y se han perdido cientos de apicultores que han optado por volcarse a otras actividades en procura de paliar sus problemas económicos.
Un aspecto a tener en cuenta es que el mercado interno uruguayo es muy reducido, desde que el ciudadano promedio consume muy poca miel, por lo que todo el esquema montado en este sector apunta a la exportación, incluyendo una infraestructura que atiende problemas sanitarios de las colmenas y sobre todo la calidad de la producción, ante mercados internacionales cada vez más exigentes.
En todos los casos, esta infraestructura requiere que se canalicen esfuerzos y recursos para seguir sosteniendo la actividad hasta que se pueda superar el temporal, que ya ha durado demasiado, y cuyos orígenes no tienen solo que ver con factores externos y la sequía.
Así, por un lado los apicultores sostienen con razón que el Ministerio de Ganadería hasta ahora ha estado omiso en hacer cumplir las normativas sobre el uso de agrotóxicos, así como otras reglamentaciones que han sido establecidas precisamente para salvaguardar esta actividad.
Entre 2007 y 2008 se han perdido más de 80.000 colmenas de las 514.000 que había en el país y esta tendencia, lejos de revertirse, se ha ido acentuando, ante el uso extendido de unos 300 tipos de agrotóxicos, entre los cuales el más peligroso por el uso indiscriminado y con escasos cuidados es el Fipronil, un insecticida que ha sido prohibido en otros países cuando se detectó que causaba mortandad de abejas y que solo es autorizado como cebo tóxico en hormigas.
Pero en nuestro país no se cumplen las reglamentaciones, por lo que los apicultores con razón reclaman contra la pasividad del ministerio, el que debería además ocuparse de promover apoyos crediticios específicos, de forma que pueda mantenerse en actividad un rubro que ha logrado muy buen desarrollo, pero que no debe perderse y que solo está esperando mejores condiciones para potenciarse.