Rurales | 10 Jun Un proyecto de ley que limita a los extranjeros la compra de tierras en una franja de 20 kilómetros desde la frontera, fue enviado en las últimas horas al Parlamento, con la exigencia que tanto los propietarios actuales como futuros sean ciudadanos legales.
En marzo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Ernesto Agazzi, había propuesto que se limitara la venta de tierras en una franja de 50 kilómetros desde la frontera --lo que tuvo fuerte resistencia del Ministerio de Economía y Finanzas--, pero finalmente el límite será de 20 kilómetros. Pese a tratarse de una franja menor, fuentes de Ganadería dijeron a El País que “sin lugar a dudas la medida abarca a una gran cantidad de emprendimientos”, entre ellos los de productores argentinos que adquirieron tierras en el Litoral para la plantación de soja, brasileños instalados en la frontera Este y otros proyectos como el que pertenecía a Ence y fue adquirido por Stora Enso y Arauco en Conchillas, Colonia.
En caso de que un extranjero desee adquirir tierras, de acuerdo con el nuevo proyecto, deberá realizar un trámite de ciudadanía en un plazo de 15 años. Esto se extendió respecto del proyecto anterior que estipulaba un plazo de siete años. La medida es retroactiva con lo que los propietarios de tierras actuales deberán gestionar su ciudadanía legal. Ello implica -entre otros factores- tener residencia de al menos tres años.
Pero fuentes de Ganadería explicaron que el proyecto incluye un mecanismo de “excepcionalidad similar al utilizado para las Sociedades Anónimas”, de forma de no “ir en contra de las inversiones extranjeras” en caso de que alguno no pueda cumplir con el requisito. Además el gobierno prevé establecer un registro de todos los establecimientos apostados en la franja fronteriza. El argumento es que el gobierno considera que con este mecanismo ejerce un mayor control en la frontera, tanto a nivel sanitario como del contrabando al evitar que un extranjero posea tierras de los dos lados de la frontera.
El programa de gobierno del Frente Amplio de 2005-2010 dejaba en claro el objetivo de promover una ley que limitara la compra de tierras a extranjeros.
La medida se suma a la promovida en la gestión de José Mujica en el Ministerio de Ganadería que estableció un plazo para que las acciones de las sociedades anónimas pasaran a ser nominativas, con el fin de conocer la propiedad de la tierra tras el incremento de las compras hechas por extranjeros. Si bien el plazo se vencía en enero, el Parlamento prorrogó ese lapso por un año para que las sociedades anónimas rurales adecuen su capital y tengan acciones nominativas.
La norma establece que solo podrán ser propietarios de inmuebles rurales las personas físicas o las sociedades anónimas con acciones nominativas cuyos titulares fueran personas físicas, es decir, se prohíben las sociedades con acciones al portador.
Sin argumento
El ex presidente de la Federación Rural (FR), Rodrigo Herrero, señaló que la medida es “más un compromiso político que una decisión con argumento técnico”. Entiende que “no existe barrera sanitaria con 20 kilómetros. La aftosa se frena con una cordillera o un océano”. La crítica se suma a las planteadas por los productores en el Congreso de la FR.