Opinion | 17 Jun La conjugación de un año electoral y voluntarismos son una muy mala receta para la economía de un país, sobre todo en Uruguay, donde hay pésimas experiencias al respecto, desde que recurrentemente se ha incurrido en el grave error y la irresponsabilidad de aumentar el gasto público para atender reclamos salariales o volcar recursos hacia áreas que redunden en rédito electoral.
Este 2009 nos encuentra precisamente en ese mismo contexto, esta vez con un gobierno de izquierda, que ha seguido por la misma senda de administraciones anteriores de los partidos tradicionales, con la salvedad de que ha incorporado gastos fijos basados en un escenario internacional que ha desaparecido y que todos esperamos que se recomponga lo antes posible.
Ese aumento del gasto y encima de una caída en la recaudación significa que irá en aumento el desfasaje entre gastos e ingresos, que de acuerdo a las previsiones del equipo económico de gobierno se situará a fin de año en el entorno del 2% de la producción total de bienes y servicios, lo que significa unos 700 millones de dólares en rojo.
Y el Estado funciona en estos casos como una economía familiar: resulta insostenible ir acumulando cuentas que no se pueden pagar, porque llegará un día en que todo se vendrá al suelo, ante la inviabilidad del esquema económico. La alternativa es aumentar los ingresos como se pueda, bajar el gasto o endeudarse, con la expectativa de que los compromisos puedan ser diferidos y estar en condiciones de encararlos con un mejor perfil.
Pero como decíamos, estas posibilidades lógicas en el caso del Estado coliden con compromisos y aspiraciones que están muy lejos de coincidir con el interés general, que pasan fundamentalmente por la intención del partido de gobierno de obtener el apoyo ciudadano para un nuevo mandato, lo que lleva a que se intente presentar a la opinión pública un panorama mejor que el que surge de los parámetros macroeconómicos, para pagar el menor costo político posible.
Como bien expresa el economista Jorge Caumont, en el suplemento “Economía y Mercado” del diario “El País”, para cubrir este déficit hay tres alternativas, cada una con efectos económicos, empezando por el ajuste fiscal, es decir el aumento de impuestos para cubrir el desfasaje, apostar a un préstamo internacional --que por supuesto hay que pagar-- y la tercera, que es la mas lógica pero que conlleva precisamente costos políticos en año electoral, es abatir el gasto público, sobre todo por un gobierno que ha hecho del mencionado “gasto social” una de sus prioridades, que se traduce de la forma en que ha sido aplicado en una asistencia que no tiene carácter sustentable y que por lo tanto no ataca las causas del problema.
Por añadidura, y también en relación con los costos políticos que se quiere evitar, el gobierno está retrasando los ajustes de las tarifas de los servicios y bienes provistos por empresas públicas, lo que significa perder recaudación y por ende posibilidades de compensar el desfasaje. Todo indica que el fardo será trasladado a la administración que asuma el 1º de marzo del año próximo, porque pese al impacto de la crisis internacional, todavía se puede “hacer la calesita” por varios meses, y por lo tanto el nuevo gobierno recibirá el doble del déficit fiscal que el que recibió la Administración Vázquez, lo que no es poca cosa. La lógica electoral --que no es patrimonio de la actual fuerza de gobierno-- es mantener este esquema y llegar al fin del período, si se puede, con el peor recurso, que es el de más endeudamiento, cuyos efectos se sienten a posteriori, cuando hay que pagar los intereses y amortizar el capital.
Pero desde marzo habrá que sincerar la situación, porque a la deuda hay que pagarla y si se mantiene el déficit no habrá recursos para hacerle frente. Los uruguayos debemos hacernos a la idea, desde ya, de que todavía no se ha podido hacer realidad el cuerno de la abundancia, y que por lo tanto, cualquiera sea el gobierno que asuma, le ponga el nombre que le ponga, va a tener que nivelar las cuentas. Y si no puede bajar el gasto drásticamente, como todo indica, deberá apelar a obtener más recursos por la vía de aumentar tarifas e impuestos, porque vamos a tener una nueva “herencia maldita”, que hasta ahora se ha pretendido disimular.