Opinion | 16 Jun La improvisación, en prácticamente todos los órdenes, pero sobre todo en las acciones de gobierno, es un serio problema en nuestro país, al punto que las buenas intenciones suelen diluirse en la inoperancia a la hora de instrumentar las ideas, por lo que en la práctica suele desvirtuarse gran parte de las iniciativas que apunten a cambiar la pisada de una realidad problemática.
En buena medida el sistema político está afiliado a la tesis de que lo importante es aprobar alguna ley que brinde el marco necesario, y que aunque la normativa tenga defectos, incluso de redacción, al fin y al cabo siempre será mejor que lo anterior, por lo que llegado el momento se verá cómo enmendarla, incluyendo la posibilidad de aprobar una nueva ley que corrija entuertos. Este razonamiento de mediocridad sirve sin embargo para atender lo urgente, lo que da una pauta de la entidad de las falencias.
Si hay un tema que realmente es impostergable, ese es precisamente el reordenamiento del tránsito, y en el marco de esta problemática, reducir el riesgo a que se enfrentan los motociclistas desprovistos de casco protector, cuyo uso obligatorio fue dispuesto por ley, con los controles a cargo de las intendencias.
Claro, es preciso tener presente que partimos de un problema combinado de idiosincrasia y falta de conciencia respecto a los peligros a que se expone un motociclista, sobre todo en nuestro tránsito, con la consecuencia de gravísimas secuelas para los tripulantes de birrodados, por lo que incorporar la obligatoriedad era un aspecto necesario al mismo tiempo que trabajar en la concientización de los conductores.
Estos elementos justifican plenamente la puesta en vigencia de la ley, pese a las falencias de algunas intendencias para cumplir los controles, y el común denominador de evitar llevarlos a un extremo para no pagar costos políticos o muchas veces el enfrentamiento con grupos de la población, sobre todo jóvenes, que amparados en las dificultades y renuencia a la fiscalización, desafían a toda hora a los inspectores con la violación sistemática de la norma. Esta generalización de la falta, que revela que no solo no hay conciencia sino que existe un intento deliberado de burlar la ley, no tiene la contrapartida de rigor que requiere hacer cumplir una norma, que debe incorporar la parte punitiva para quienes no la respeten.
Pero claro, cuando las cosas se hacen con buena intención pero sin evaluar en toda su dimensión los aspectos en juego, se puede llegar a una instrumentación que desvirtúe la esencia del tema, que es proteger a los motociclistas que sufran accidentes. En esta oportunidad, más allá de las falencias en controles, no se estableció la obligatoriedad de la certificación del casco protector, lo que habilitó que ingresaran al país decenas de miles de unidades de baja calidad, a precios accesibles, que fueron vendidos como pan caliente previo a la entrada en vigencia de la norma. Tanto fue así que muchos vendedores ambulantes comenzaron a ofertarlos en la vía pública, en donde se podía comprar un casco como si fuera una bolsita de garrapiñadas. La práctica permitió comprobar, no sin lamentables consecuencias para los motociclistas, que esos cascos de protectores tienen muy poco, al punto que muchos de ellos prácticamente se hicieron pedazos en el impacto del accidente, con las previsibles consecuencias de graves lesiones y hasta la muerte.
A pocos meses de haberse implantado, los organismos reguladores del tránsito han comprobado esta dura realidad y desde este mes rige un decreto presidencial que incorpora la obligatoriedad de la certificación del casco por la Facultad de Ingeniería, lo que está muy bien, aunque llega fuera de tiempo porque esta condición debió establecerse desde un primer momento.
Ahora hay decenas de miles de cascos prácticamente inservibles, pero que costaron caro para los menguados bolsillos de muchos motociclistas y deberán ser sustituidos por los de buena calidad en diciembre de 2010. Esto habla de improvisación o desconocimiento de la realidad, y más allá de esta exigencia, el gobierno debería encargarse de minimizar su omisión, incorporando instrumentos específicos para poner el nuevo casco al alcance de todos los usuarios, ya sea mediante exoneración de impuestos, exenciones o subsidios, y eventualmente el cobro en cuotas con la patente, entre otras posibilidades, para que el usuario no pague una vez más, como siempre, los dislates de sus gobernantes.