Opinion | 18 Jun Por estos días en todo el país se desarrollan los cursos para los 41.502 funcionarios –entre escribanos y funcionarios públicos-- que integrarán las mesas receptoras de votos para las elecciones internas que se celebrarán el domingo 28 de junio.
Desde las 8 y hasta las 19 funcionarán en todo el país 6.917 circuitos de votación ubicados en escuelas, oficinas públicas y dependencias del Poder Judicial.
Cada circuito o mesa de votación estará integrado por tres personas: dos funcionarios públicos y un escribano que actúa como secretario y elabora las actas de apertura, votación y cierre. De los 41.502 funcionarios, la mitad serán operativos y la mitad suplentes. Todos están obligados a trabajar en el acto electoral y, de no hacerlo se les aplica una multa que equivale a un mes de sueldo, en el caso de los funcionarios públicos y 60 UR ($25.140) para los escribanos.
La realización de un acto electoral de carácter nacional es una fiesta cívica que merece ser celebrada por la real dimensión de su significado, ya que representa la esencia democrática. Sin embargo, muchos funcionarios designados para la tarea ya sea en carácter de titulares o suplentes se encuentran buscando “vías de escape” para eludir la responsabilidad. Sin duda habrá quienes presentan razones válidas que les impidan cumplir con la tarea durante la jornada civica que --hasta se entiende-- se trata de una tarea demandante y agotadora durante 13 o 14 horas en el mismo día. Pero ser parte de las elecciones significa asumir la responsabilidad cívica y además –porque nadie va gratis-- significa la contrapartida de seis días libres para los funcionarios públicos y para los escribanos ser exonerados del equivalente a 12 UR ($5.028) de los tributos que deben pagar a la Dirección General Impositiva (DGI).
Cada uno tiene derechos y responsabilidades como integrante de una sociedad y cuando la democracia convoca a desempeñar un rol, la conciencia cívica es la que debe primar.