Opinion | 19 Jun Uno de los mayores desafíos que afrontará el próximo gobierno, sea del partido que sea, no será solo hacer frente al ya preocupante déficit fiscal, que es minimizado ex profeso y naturalmente por voceros del equipo económico, sino fundamentalmente por tener que lidiar con grupos organizados, corporaciones y lobbies, sobre todo de funcionarios de áreas del Estado que se han fortalecido sustancialmente durante la administración del Frente Amplio, y que lejos de sentirse satisfechos cada vez reclaman más poder.
Un ejemplo claro de esta desnaturalización, desde que estos grupos no vacilan en desdeñar los derechos y necesidades de todo el resto de la sociedad y creen que el ombligo del mundo está en sus intereses, lo tenemos en la enseñanza, cuyos gremios organizados bajo la batuta de dirigentes vinculados o directamente integrados a la dirigencia de la izquierda lograron “convencer” al Poder Ejecutivo de que aumentando como fuera los recursos que vuelca al sector, se lograría una mejora significativa en la enseñanza. Pero no especificaron en que área debería enfatizarse y el gobierno tampoco exigió más o menos saber si ese mayor gasto tendría el retorno que se aseguraba.
No se necesita tener dos dedos de frente para evaluar que esta inyección adicional de recursos no ha influido un ápice en la calidad de la enseñanza, que por el contrario sigue degradándose a ojos vista, lo que indica que las reformas necesarias no solo pasan por los recursos sino por la calidad del gasto, por los programas, por directivas concretas de hacia donde se quiere llegar, por docentes más calificados, por locales adecuados y a la vez por mejorar sensiblemente las actividades pedagógicas.
Pero el gobierno no tuvo en cuenta estos aspectos, que son el ABC del problema, y simplemente cedió a la presión de las gremiales de docentes y funcionarios que lo que realmente buscaban era mejorar su parte en este esquema, con mayores recursos. Y el resultado no podía ser otro que el que se obtuvo: un cero absoluto. Ello indica que todos los uruguayos estamos sacando más dinero de nuestros bolsillos para no obtener nada a cambio en la enseñanza, mientras los sindicatos siguen haciéndose los distraídos y poniendo énfasis en sus reclamos gremiales, como si éstos respondieran al interés general y no al suyo particular, que es lo único que está en juego. Eso quedó manifiesto en las instancias que se llevaron a cabo para la elaboración de la Ley de Educación, que el Poder Ejecutivo promovió como una gran instancia de participación “popular”, en la que la gente organizada participaría haciendo conocer sus reclamos, necesidades y propuestas para una mejor educación.
La realidad fue muy distinta y se la instrumentó simplemente para satisfacer a los grupos que se sienten dueños de la educación en el Uruguay. Fue así que las instancias del llamado “Debate educativo” fueron un ámbito de discusión para docentes, funcionarios y militantes de los respectivos grupos, en procura de hacer prevalecer sus concepciones e intereses.
Los destinatarios de la presunta participación, padres de alumnos y ciudadanos interesados en aportar para que las cosas resultaran distintas, fueron borrados de las asambleas --los pocos que concurrieron-- y así llevaron a colación las visiones e intereses del cuerpo docente y funcionarios, que canalizaron como propuestas concretas sus propios reclamos. Eso no estaría mal si hubiera sido analizado en otro contexto, es decir en reuniones con las autoridades de la enseñanza, en vez de disfrazar sus reivindicaciones que por supuesto nada nuevo aportaron para mejorar la calidad de la enseñanza.
Todo resultó en un reclamo por cuotas de poder para los gremios en los organismos directrices del sector, lo que no es otra cosa que una gran burla para los uruguayos todos, pero sobre todo a la inocentada del gobierno --de alguna forma benigna hay que llamarlo-- que apostó a que por esta vía encararía una reforma educativa.
Pero la ley de educación no recogió en un cien por ciento los postulados de los grupos de poder organizados, porque hubiera sido suicida hacerlo, dejando al poder político, que es representativo de la opinión de todos los ciudadanos, ajeno a las decisiones en el sector. Como consecuencia, no contó con el apoyo de los grupos beneficiarios, que no se conformaban con tener más recursos para que la enseñanza siguiera igual, sino que también querían el poder absoluto, que creen les pertenece por derecho aunque lisa y llanamente no representan a nadie. Esta es una lección que el gobierno no debería olvidar, para no repetir experiencias de teoría pura y dejar más legados que son verdaderas bombas de tiempo contra la estabilidad y la gobernabilidad del país.