Nacionales | 18 Jun Amparado en el Tratado de Inversiones, el gobierno de Bélgica pidió información vía Cancillería sobre la segunda terminal de contenedores. El gobierno belga hace este pedido para que el inversor Katoen Natie pueda tener conocimiento del nuevo emprendimiento.  El empresario anunció que demandará al gobierno, que tendría que pagar unos 500 millones de dólares.
Según informó radio “El Espectador”, el gobierno belga -a través de su sede diplomática en Uruguay- presentó ante la Cancillería un documento en el que manifiesta su preocupación en relación a los intereses en el país del empresario belga Katoen Natie, titular de una inversión de 200 millones de dólares, ante la posibilidad de instalar una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo.
Al amparo del Tratado de Inversiones entre ambos gobiernos, los belgas reclaman información sobre la viabilidad, posibilidad y pertinencia de la construcción de una segunda terminal de contenedores. También piden datos en cuanto al impacto que podría tener esta construcción sobre el desarrollo de la inversión de Natie.
El gobierno belga hace este pedido para que el inversor pueda tener conocimiento del nuevo emprendimiento. Señalan además que brindar esta información forma parte de la transparencia que debe tener el Estado, protegida en el Artículo Nº 3 del Tratado de Protección de Inversiones, en el apartado denominado “Trato justo y equitativo”.
No obstante, Katoen Natie ya anunció que de prosperar la construcción de una segunda terminal, habrá inexorablemente una demanda. Fuentes señalaron a la emisora capitalina que se trata de un arbitraje no apelable y que el monto supera largamente los 500 millones de dólares.
Por otra parte, el ministro de Transporte, Víctor Rossi, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Fernando Puntigliano, explicaron a la Comisión de Transporte de Diputados la necesidad de apurar la votación. Rossi dijo que Uruguay es un país de derecho, que respeta sus obligaciones internacionales y que está preparado ante un eventual arbitraje internacional de la empresa belga.
“En comisión dijimos que nosotros también estamos preparados para las instancias que sea, porque el Uruguay es un país de derecho, un país que tiene instituciones que funcionan y es un país, además, que respeta todas sus obligaciones internacionales. Por lo tanto, vamos a actuar, tanto en lo interno o si fuera necesario en alguna instancia a nivel internacional, con todo el respaldo, con toda la solvencia con la que el país normalmente actúa. También en eso hemos dado información al Parlamento sobre en qué situación estamos y cómo nos asesoramos”, afirmó.
A su entender quedaron aclaradas las dudas provenientes del sector empresarial y se mostró optimista sobre la llegada de nuevos inversores. “Yo no tengo dudas de que una vez que se concrete el llamado, la presentación de interesados va a ser importante. Es un negocio importante para el país, que necesita el desarrollo de esa actividad, pero también es un desarrollo importante para los sectores empresariales que se especializan en esa materia. Por lo tanto, yo no tengo dudas en cuanto al interés que va a despertar el llamado”, dijo.