Opinion | 21 Jun Hace ya tiempo, desde esta misma columna editorial EL TELEGRAFO evaluó que el tiempo del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) como encargado de la minoridad infractora se había agotado, por su estrepitoso fracaso, porque no reeduca, no rehabilita, no contiene, no previene y peor aún, sus dependencias se han transformado por su inoperancia en una escuela para perfeccionamiento de delincuentes. Por eso es hora de pasar raya y traspasar esta competencia a otro instituto independiente.
Felizmente no somos los únicos en considerar que así debe ser y sectores del gobierno y de la oposición, con matices, van ganando en este convencimiento y hasta algún grupo político tiene en carpeta un proyecto de estas características. Tampoco debemos caer en el facilismo de que bastará con la creación de un nuevo instituto para solucionar los graves problemas que padece el país a merced de la minoridad infractora, que es en gran medida integrada por delincuentes consumados que desde temprana edad han incursionado por la senda del delito y han sido favorecidos y alentados por una ley permisiva y delirante, que los sobreprotege, deja inerme a la sociedad y ni siquiera sirve al menor, que va creciendo con el autoconvencimiento de su impunidad, en las mañas delictivas, para llegar a la mayoría de edad sin ninguna posibilidad de rehabilitación.
Es cierto, se necesita acompañar este cambio de competencias con la adecuación de normativas a la realidad, desde que tenemos una legislación que se basó en el escenario de hace 70 años, y las contadas actualizaciones a la vez han dado más en la herradura que en el clavo, sobre la base de una teoría que ha dado muestras sobradas de estar desacompasada a los tiempos. Pero no serviría de nada actualizar las normas si la minoridad infractora va a seguir estando a cargo del INAU, donde hay un serio problema estructural, de procedimientos, de dirección y hasta de relación con los funcionarios, que indica que será inútil seguir por este camino, con motines, copamientos, quema de colchones y mobiliario, destrozos, toma de rehenes y otras vías que utilizan los infractores para llamar la atención, sin que surja la posibilidad de una salida beneficiosa para los involucrados y para el interés general.
Recientemente visitó Paysandú el padre Mateo Méndez, ex presidente del INAU. Su designación por fuera del sistema político había alentado esperanzas, pero su desempeño culminó con su salida voluntaria ante el convencimiento de que resultaba imposible encontrar una salida para un sistema perverso, constituido por funcionarios, menores, legislación, infraestructura y falta de apoyo para cumplir una tarea medianamente aceptable en esa área, pese a su larga experiencia en tratamiento de la minoridad en diversas instituciones.
En declaraciones a EL TELEGRAFO el sacerdote evaluó que “hay que separar los infractores del INAU” y que este instituto debe dedicarse a los casos de niñez y adolescencia con problemas, en tanto que en el caso de los infractores “tenga su propio futuro, que puede ser un ente autónomo, descentralizado, habrá que inventar y crear, y que haga convenios con instituciones privadas”.
Subrayó que evidentemente “el Estado no tiene todas las respuestas”, y recordó que en otros países “no muy lejos de acá hay instituciones privadas que tienen a su cargo menores infractores y el trabajo es muy bueno”, pese a que en determinadas esferas “parece que todo lo que venga de privados da una especie de escozor o alergia”, en sus “cabezas estatistas”.
Pese a que todo indica que hay un empecinamiento de la Administración Vázquez, como así también de otros actores políticos en dejar todo como está y hacer apenas algunos “retoques” al esquema del INAU, cada día es más evidente que este organismo no puede ni con sí mismo, y mucho menos con los delincuentes infractores, que es un problema real, de ayer, de hoy y de mañana, y para el que no basta con esperar que den resultado las políticas sociales que supuestamente van a abatir los índices de delincuencia de los menores.
Es preciso incorporar una nueva estructura, sobre un escenario auténtico, con un organismo especializado, con funcionarios capacitados, programas concretos e infraestructura edilicia acorde a las necesidades de contención que se impone para criminales que en su mayoría son un azote de la sociedad, con el complemento de la actualización del Código Penal, de forma de bajar la edad de imputabilidad y otras reformas que atiendan la realidad que muchos siguen prefiriendo ignorar, porque ésta va a contramano de su mundo imaginario.