Opinion | 24 Jun En mayor o menor medida los precandidatos presidenciales han asumido que el complejo sucroalcoholero de Bella Unión es tan inviable como deliberadamente indescifrables las ecuaciones económicas que llevaron a su concreción, en realidad puro voluntarismo político por compromisos añejos del actual gobierno. Pero lo que es peor, tiene costos “hundidos” (irrescatables), como señalara un reputado economista. Ello significa que desmontarlo tal vez implique generar más pérdidas en el futuro inmediato, aunque nos ahorraríamos las pérdidas de tener un barril sin fondo durante décadas y décadas con drenaje de recursos a fondo perdido para el país.
Con matices, los precandidatos han evaluado que en el sobreentendido de que el proyecto da pérdidas --en realidad nadie conoce los números porque el gobierno no los ha difundido y solo habla de inversiones que se van a recuperar por la actividad sucroalcholera--, el dilema que se plantea son las repercusiones sociales que tendría la paralización del complejo, por lo que nuevamente la política de los hechos consumados parece atar de pies y manos al sistema político, con todos los uruguayos aportando para sostener engendros que nunca debieron haber visto la luz.
Como ya hemos señalado en esta columna, la inviabilidad pasa en primer lugar por apoyar todo el esquema en el cultivo de caña de azúcar, que es de producción netamente tropical y que por ende solo puede tener una cosecha más o menos buena cada dos o tres años, cuando no se pierda totalmente por efecto de las heladas. Desde el punto de vista agronómico estamos ante un proyecto que no tiene ningún asidero, cuando en Brasil los productores obtienen en promedio tres veces más rendimiento que en Bella Unión y no es posible que funcione tamaño desbalance si no es con subsidios permanentes, desde que la misma materia prima de escaso rendimiento también se afectará a la elaboración de alcohol.
Como bien sostiene el columnista Julio Preve Folle, en el suplemento “Economía y Mercado” de “El País”, el cultivo de la caña en la zona fronteriza una vez más ha logrado un rinde bajo, de entre 5 y 6 toneladas de azúcar por hectárea, que es alrededor de la tercera parte de lo que se logra por ejemplo en Brasil, por lo que en el reciente conflicto los productores pidieron con razón el triple de lo que reciben sus colegas brasileños, para tener algún margen de rentabilidad.
Considera asimismo que el azúcar de la chacra, por el que se paguen 520 dólares (unos doce pesos por kilo), deberá luego pasar por la planta industrial en la que trabajan quinientas personas, a efectos de elaborar, fraccionar, distribuirla y llegar por ejemplo a Montevideo, donde se vende hoy, antes de aplicarle IVA, a 810 dólares la tonelada, es decir unos 20,20 pesos el kilo incluyendo IVA.
Este precio es muy superior al del valor internacional y solo puede sostenerse pagando el arancel máximo para el mercado interno, pero aún así la ecuación de ALUR resulta insostenible sin subsidios, según se desprende de la baja productividad del cultivo y los costos de producción, laborales y de transporte.
Pero claro, está Ancap, el Estado (todos nosotros) pagando, detrás de todo esto, y no puede extrañar que el proyecto se haya llevado adelante sin miramientos, por razones políticas que por supuesto no coinciden con el interés general, que es el de todos los que paguemos el entuerto, que será a través de los combustibles de Ancap por la aplicación de su monopolio sobre nuestros desflecados bolsillos.
Con el criterio del subsidio cueste lo que cueste, Paysandú podría estar plantando todavía remolacha azucarera y no hubiera sido necesario desmantelar parte de la estructura de Azucarlito y su reconversión a refinador de crudo importado. En cambio, en nuestro departamento debió discontinuarse el cultivo de remolacha, con todo el costo social que ello significó y que determinó que dejaran de circular aquí millones de dólares al año.
Esa reconversión debió hacerse porque estaba de por medio la subsistencia de una empresa privada, porque la otra alternativa era que el Estado se hiciera cargo de las pérdidas para seguir funcionando con valores subsidiados, como se hace ahora con ALUR.
Y como desembarazarnos de ese monstruo tal vez resulte al principio más caro que mantenerlo --no en el largo plazo--, parece que los uruguayos todos seguiremos tragando ese sapo, porque el gobierno ha optado una vez más por manejar el dinero de todos como si fueran bienes de difunto y encima sin rendir cuentas a nadie.