Opinion | 20 Jun En más de una oportunidad, desde nuestras páginas hemos advertido que hay un notorio desfasaje entre los enunciados del gobierno y los hechos en cuanto a la agilidad y disposición para dar los pasos tendientes a la reconversión energética del país, sobre todo en lo que refiere a la generación eléctrica, donde existe un déficit creciente.
El punto es que si bien coyunturalmente UTE y el Poder Ejecutivo indican que estamos padeciendo una crisis energética como consecuencia de la sequía, el problema va mucho más lejos, porque el desfasaje es de carácter estructural, como hemos señalado, si se tiene en cuenta que estamos dependiendo en forma permanente, en un porcentaje variable, pero siempre creciente, de la compra de electricidad a los países vecinos, sobre todo a Brasil, lo que nos hace no solo dependientes, sino que se nos imponen costos adicionales que de una u otra manera pagamos todos los uruguayos y no solo los usuarios de UTE.
La sequía es solo un factor agravante, que denuncia precisamente las fallas estructurales, que por supuesto no nacieron con el actual gobierno ni con la presente administración de UTE, que ha heredado un problema al que tampoco se le han dado hasta ahora respuestas a tono con el desafío. El problema parte de la base de que Uruguay nunca ha contado con políticas de Estado que permitan establecer un programa de mediano y largo plazo a cumplir por etapas, en las que un gobierno simplemente le de continuidad, con su impronta propia. Al revés, las sucesivas administraciones han ido esquivando el problema de fondo y han ensayado parches, de acuerdo a su idea de la cosa, para ir tirando, de forma de entregar la posta a su sucesor.
En materia de generación hidráulica no se avanza desde hace muchos años, desde que la disponibilidad de este recurso está muy acotado y solo podrían ensayarse algunas internativas en cursos menores, de relativa relevancia energética y a la vez de altos costos de inversión, aunque siempre amortizables en el mediano y largo plazo, y a la vez positivo, desde que permiten seguir la línea de la independencia energética.
A la vez, se ha incorporado más generación térmica, que nos ha hecho dependientes en extremo de la importación de petróleo, y encima a un costo elevadísimo, a lo que se agrega el contrasentido de que UTE no quiere pagar este alto precio a los generadores privados de electricidad en base a energías alternativas, argumentando problemas de precios que coliden con la realidad, por cierto.
En tanto, se continúa importando energía eléctrica desde Brasil, a cuatrocientos dólares el megavatio, cuando la generación por biomasa o eólica se paga ente 100 y 120 dólares, y se ha puesto un tope de 250 dólares para los precios que paga el organismo a los privados en el mercado “spot”, es decir ocasional.
En el pecado está la penitencia, desde que el resultado ha sido un hasta ahora muy escaso aporte de generación privada, porque por un lado UTE se encarga de “enfriar” las inversiones por los precios topeados, y por añadidura las licitaciones se hacen en extremo lentas y con potencias muy limitadas, como si la electricidad nos sobrara y no hubiera ningún problema para atender la demanda, cuando la cosa es a la inversa.
El ingeniero Víctor Antognazza, vicepresidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, en declaraciones a El Espectador, evaluó que en este escenario el gobierno ya debería haber instrumentado un plan de ahorro energético que permitiera reducir en un cinco por ciento el consumo energético, lo que ahorraría grandes sumas a UTE por concepto de estar comprando esta energía a un alto precio al Brasil.
Subrayó que está de acuerdo con la Asociación de Generadores Privados de Electricidad, que cuestionan la lentitud del proceso de reconversión a la generación por energías renovables, y reflexionó a la vez que “hoy, aunque tengamos un año de muy buena hidraulicidad, el 100 por ciento de la generación hidráulica ya no es suficiente para cubrir la demanda uruguaya. Eso significa que prácticamente siempre vamos a tener que tener prendida alguna central térmica, y los costos de cualquier central térmica en Uruguay son muy superiores a los 120 o 100 dólares de cualquier generador que trabaje con fuentes renovables”.
Ergo, la incorporación de estas plantas a partir de fuentes renovables es un imperativo, no solo para reducir dependencia y por consideraciones ecológicas, sino por un tema económico, lo que torna aún más controversial y hasta injustificable que UTE y el Ministerio de Industria, Energía y Minería sigan actuando con la parsimonia que han puesto de relieve hasta el momento para abrir camino a la generación privada, mientras dilapidan divisas en combustibles de petróleo importado.