Opinion | 23 Jun La caída de un 2,9 por ciento del Producto Bruto Interno en el primer trimestre del año, como consecuencia directa del decaimiento de la actividad económica, que se inició con la crisis mundial, parece haber sorprendido solo al gobierno, según se desprende de las declaraciones de integrantes del equipo económico poco después de conocerse las cifras.
En realidad, cuando el gobierno indica que los números han sido peores que lo esperado, trata de justificar por qué ha hecho poco y nada para atender esta situación, y eso es lo que debe cuestionarse cuando “todo el mundo” que tenga más o menos noción de cómo marcha la economía del país, incluso el ciudadano común, percibe que hemos ingresado en un cuesta abajo cuya pendiente va a depender no solo de lo que ocurra en el exterior, sino de las eventuales respuestas que se puedan generar dentro de fronteras.
Por supuesto, un mínimo de sentido común indica que la primera gran medida, la “madre de todas” como gusta decir el presidente Tabaré Vázquez, por lo menos respecto a la reforma del Estado que anunció y nunca llevó a cabo, sería reducir sustancialmente el gasto público, de forma de poder abatir la presión tributaria y cargas sociales sobre los sectores generadores de riqueza y empleo --que por supuesto no están en el Estado-- para promover actividad que recomponga el tejido socioeconómico comprometido por la recesión.
Pero lejos de esta disposición, el año pasado el Poder Ejecutivo, por razones electorales desestimó las señales cada vez más fuertes procedentes del ámbito internacional, y aumentó el gasto, que ahora se afronta con menos ingresos, por efectos de menor actividad económica y por lo tanto con creciente déficit fiscal, porque como ocurre en un hogar, se está gastando más de lo que ingresa.
De aquel mentado “espacio fiscal” del ex ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, cuando decía que estábamos blindados contra la crisis, hemos llegado a la situación del primer semestre del año, con gastos fijos incorporados alegremente, haciendo honor al dicho de que “todo el año es carnaval”, mientras la actividad ha decaído y se percibe el desempleo en algunos sectores de exportación más afectados por la crisis, en tanto en otras áreas existen los primeros síntomas de problemas que se han ido agravando.
El punto es que se ha perdido demasiado tiempo para adoptar medidas preventivas o por lo menos paliativos para atenuar los efectos, y hemos llegado a un escenario demasiado comprometido teniendo en cuenta que desde el año pasado se pudo haber actuado a la altura del desafío que asomaba en el horizonte.
En el caso de los textiles, que estaban ya en problemas debido a la competencia asiática y altos costos internos, se ha sumado la caída de negocios y la lentitud en la recomposición de los mercados, por lo que éste es uno de los sectores de mayor desempleo y que desde hace tiempo está reclamando medidas --que parece que por fin van a llegar, pero cuando ya las cosas están en franco deterioro-- tendientes a un alivio en los aportes patronales y alguna exoneración tributaria, por lo menos para sobrellevar el peor momento.
Pero el problema no termina aquí, sino que en mayor o menor grado todos los sectores serán afectados, y esto no puede --no debería-- ser un descubrimiento, como parece ser para el gobierno, que ahora analiza redireccionar fondos para paliar los efectos de la crisis, solo porque los índices están indicando lo que por tanto tiempo pretendió negar.
La realidad ha podido más, empero, y ha trascendido que el Poder Ejecutivo analiza medidas en apoyo a los sectores más comprometidos, pero sin generar costo fiscal, lo que da la pauta del abismo entre aquel “espacio” y la estrechez de recursos actual, por haberse agotado aquella disponibilidad en nada que tuviera un mínimo de sustentabilidad.
Este costo supuestamente nulo o por lo menos ya previsto en gastos, obedecería a que hubo instrumentos disponibles para el sector privado que no se utilizaron en su momento, según el Poder Ejecutivo, y que se podrían reorientar en base a necesidades de la coyuntura para atender problemas puntuales
Pero el punto es que en sintonía con el PIT-CNT, la Administración Vázquez desconfía del sector empresarial y no asume que el sector privado es el motor de la economía, que necesita condiciones para desenvolverse, que no es posible seguir asfixiándolo con costos exacerbados y sin considerar que la suerte del país está atada al desempeño que éste tenga.
Por lo tanto, en vez de recibir los planteos como simples quejas, el gobierno haría muy bien en tomar nota y hacer algo al respecto, porque aunque para muchos ya sea tarde, todavía puede hacerse algo para evitar daños irreversibles.