Opinion | 25 Jun El gobierno evalúa la posibilidad de que en el marco de una alianza estratégica con Chile, empresas del país trasandino instalen en Uruguay una central de generación eléctrica a carbón, pero todavía sobre parámetros muy hipotéticos desde que hay una gama muy amplia de aspectos a considerar para dar luz verde al planteo.
Por supuesto, nuestro país está corriendo una carrera contra el tiempo en suministro eléctrico, desde que es notorio que por encima de la incidencia de factores coyunturales como la sequía, nuestro déficit estructural nos condiciona en el presente y futuro cercano, por la ausencia de políticas de Estado en la materia.
La alternativa del carbón no había estado en los planes hasta ahora, por cuanto este combustible fósil ha sido gradualmente dejado de lado por su poder contaminante y sus problemas de manejo, debido a su volumen y peso en relación a otros competidores como los hidrocarburos.
Sin embargo, en el marco de negociaciones en Chile encaradas por el ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Daniel Martínez, han surgido los primeros avances en esta iniciativa, que de prosperar sería llevada adelante por las empresas Copec y Ultramar, de Chile, y que involucraría una planta a carbón de entre 100 y 300 megavatios, por una inversión del orden de los 300 millones de dólares.
A esta usina habría que agregarle instalaciones portuarias en zonas de aguas profundas, teniendo en cuenta que será necesario importar grandes volúmenes de materia prima, lo que se debería realizar con buques de gran calado, para abaratar costos y mejorar la logística del emprendimiento, por lo que la inversión sería aún mucho mayor y requeriría una infraestructura específica.
Un proyecto de esta envergadura, y sobre todo en base a carbón, genera por lo menos serias dudas respecto a su conveniencia, fundamentalmente desde el punto de vista ambiental, si se considera que pese a que ha mejorado la tecnología, el carbón dista de ser inocuo para la atmósfera, por lo que su empleo sería una incongruencia y un factor potencialmente adverso, teniendo en cuenta que el Uruguay está haciendo buena letra para ser catalogado como país natural y acreedor a beneficios como consecuencia de las condiciones establecidas en el Protocolo de Kyoto, incluyendo la venta de bonos de carbono. En este contexto debe evaluarse muy cuidadosamente los pro y los contra de un proyecto de estas características, desde que estaríamos pasando a depender también de otra materia prima importada y de manejo que no es nada sencillo.
Otra alternativa que también está planteada, para lo que incluso el Poder Ejecutivo ha integrado una comisión que lo estudie, es la energía nuclear, que tiene sus defensores y sus detractores. Entre los primeros se cuentan quienes aseguran que el costo de generación es mucho más bajo que el de otros energéticos, salvo la energía hidráulica, y que su manejo no presenta ni por asomo los riesgos de otras décadas.
Pero en ese caso seguiríamos dependiendo de tecnología y materia prima del exterior, con el agravante de que también perderíamos perfil de país natural y tendríamos que mantener durante siglos desechos nucleares enterrados, a la espera de que algún día se logre la tecnología para degradarlos, lo que por cierto no es muy tentador.
Paralelamente, UTE considera la propuesta de la empresa brasileña Tractebel, que está dispuesta a construir una central a carbón en Candiota, siempre y cuando el ente uruguayo firme un contrato de largo plazo para el suministro permanente de energía a un precio conveniente, aunque no se establece claramente para quien sería esta conveniencia.
A todo esto, el ministro Martínez aseguró que por ahora son todas alternativas, lo que en buen romance confirma, por si alguien tenía alguna duda, que sigue sin haber políticas de Estado e incluso dentro del propio gobierno se manifiestan contradicciones que siguen revelando tanta improvisación como antes, y cuyas consecuencias son precisamente que estemos ante una situación tan comprometida.
Lo que sí es positivo es que el gobierno haya concretado algunos avances adjudicando a privados permisos para generar electricidad mediante energía alternativa como los desechos forestales y energía eólica, pero con extrema lentitud y topes en precios y tamaño que conspiran contra la incorporación de potencia, justamente cuando el tiempo apremia y UTE lo sigue perdiendo lastimosamente, con licitaciones y procesos eternos que atentan contra el país.