Opinion | 26 Jun Sin dudas que el agudo desfasaje entre la oferta y la demanda de viviendas de interés social, lejos de reducirse en la presente administración de gobierno –aunque según la Dirección de Vivienda ha proporcionado más de 45.000 soluciones habitacionales-- , se ha acentuado notoriamente, por la falta de recursos y estímulos para alentar la construcción, por lo que este factor está impulsando a amplios sectores de la población de escasos recursos a afectar una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago de alquileres o establecerse en asentamientos con precarias viviendas.
Este aspecto ha sido un talón de Aquiles de la Administración Vázquez, pese a que se han sucedido anuncios sobre masivos planes de vivienda, porque en realidad solo se han estado terminando viviendas proyectadas y/o iniciadas en el período anterior, pero con una gestación muy limitada en la presente administración.
Actualmente integrantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), se encuentran protagonizando una huelga de hambre ante la sede del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MOVTMA), en reclamo de recursos para financiar complejos cooperativos, teniendo en cuenta que la organización considera que esta cartera está retaceando la inversión en el sector, y que lejos de superarse los problemas de demoras en los trámites, subsisten los serios obstáculos para dar andamiento a la documentación de las cooperativas en formación y los procesos para obtener los préstamos.
Fucvam nuclea a miles de cooperativas en todo el país, y es un buen parámetro para evaluar cual es la real situación del sector, por encima de la inclinación de la dirigencia nacional del movimiento a pronunciamientos políticos en temas ajenos al cooperativismo --paradojicamente manifiestamente alineado con el Frente Amplio, en el poder--, como es el reciente anuncio de encabezar una marcha contra el Dr. Luis Alberto Lacalle en caso de ser ungido candidato de su partido.
El compás de espera que dio a la Administración Vázquez parece haberse agotado, y el movimiento reclama recursos y agilidad en la tramitación, desde que considera que el ritmo de la adjudicación de préstamos contemplada en el programa dispuesto por el Mvotma significa construir menos viviendas aún que en los períodos anteriores.
Más allá de las posturas políticas del movimiento, que toma partido sobre aspectos que nada tienen que ver con el cooperativismo, y que a la vez ejerce la representación de todos los coooperativistas como si hubiera unanimidad de opiniones políticas en una población muy heterogénea, es cierto que el cooperativismo no ha sido contemplado como esperaban sus dirigentes en la afectación de recursos, y ello en alguna medida puede tener que ver con la falta de solidaridad que han mostrado no pocos beneficiarios a la hora del repago de la vivienda, si se tiene en cuenta que el hacerlo en tiempo y forma permitiría que muchas personas que hoy procuran acceder al techo propio contarían con mejores posibilidades de lograrlo.
Pero no puede negarse que igualmente es una muy buena alternativa para incorporar viviendas de interés social que mucho se necesitan, aunque también es cierto que hay grupos de familias de trabajadores de escasos ingresos o zafrales que no tienen la posibilidad de esta opción y que requieren otros apoyos concretos para acceder a una vivienda subsidiada.
Recientemente, el Poder Ejecutivo, a través del Banco Hipotecario, anunció la puesta en marcha de un plan de compra de 300 viviendas nuevas o usadas con subsidios, por valores de hasta 45.000 dólares, para ingresos de entre 17.000 y 31.000 pesos, lo que no implica solución, por supuesto, a la situación a que nos referíamos.
Peor aún, el Impuesto a los Alquileres que se dispuso por reforma tributaria, es en los hechos un impuesto al inquilino de menores recursos, que es el que debe pagarlo, pues el propietario le transfiere este costo, lo que explica que se esté cada vez más lejos de nivelar la oferta y la demanda en arrendamientos del segmento bajo.
Según operadores inmobiliarios, la brecha es aún mayor en el Interior, y mencionaron a los departamentos de Paysandú, Rivera, Artigas, Salto, Río Negro y Tacuarembó como los más afectados, lo que implica que en un contexto nacional de déficit, los habitantes del norte del río Negro son los más afectados.
Ello indica que no solo se requieren respuestas efectivas para un problema crónico de vivienda en el país, sino también políticas diferenciales, con mayores recursos en favor del Interior, lo que hasta ahora ha brillado por su ausencia.