Opinion | 27 Jun Recientemente, uno de los casos que se siguen en la Justicia contra el obispo presidente de Paraguay, Félix Lugo, ha derivado en un acusación de violación contra el mandatario, por cuanto una de las mujeres que reclama por la paternidad de su hijo señala que fue violada cuando era menor de edad, antes de ingresar en una relación sentimental con el religioso.
Lo que ya es un tema espinoso por decir lo menos si se tratara de un ciudadano común en relación con una menor, pasa a tener connotaciones mucho más graves si tenemos en cuenta que se trata nada menos de quien ejerce la Presidencia de la República, que se supone debe cultivar determinados valores y presentar ante la ciudadanía una actitud que podríamos decir ejemplar tanto en su vida pública como privada, y mucho menos aún cuando rozan el delito.
Y cuando además, el acusado --quien a la vez ha reconocido la paternidad-- es un religioso integrante de la Iglesia Católica, donde la condición sine qua non para ser aceptado y ejercer el sacerdocio es el celibato, el episodio debe enmarcarse en un contexto que involucra otros valores y principios que naturalmente, se circunscriben al ámbito de las autoridades de la iglesia y su comunidad de creyentes.
En el caso de Paraguay, como la mayoría de América Latina, ello quiere decir la gran mayoría de la población, que es la que profesa esa fe, y por lo tanto se trata de un problema mucho mayor, porque se transmiten determinados valores y ejemplos negativos a quienes depositan su fe y su confianza en quienes han asumido el papel de guías espirituales.
Pero en esta oportunidad se trata nada menos que de un obispo, que se supone es ungido en este cargo tras una cuidadosa selección y méritos entre sus pares, por lo que su responsabilidad es mucho mayor y la imagen debe ser aún preservada con mayor cuidado.
Llama la atención, por lo tanto, el silencio de la Iglesia Católica, de muchas organizaciones sociales, de los propios integrantes de la Teología de la Liberación --a la que pertenece Lugo-- , y de otras entidades, por no pronunciarse, ni siquiera tímidamente, ante este doble discurso, el engaño masivo, y la degradación de valores que surge de este caso por donde se lo mire, cuando a la vez se hace cuestión de situaciones mucho menos graves.