Locales | 01 Jul En Uruguay la discusión se centra en si se debe pagar por el servicio de cobertura de accidentes, pero no en quién debe llevarlo adelante. Resulta claro que el Ministerio de Salud Pública carece de la cantidad necesaria de ambulancias y de tecnología médica con que equiparlas. Por tanto, sin siquiera investigar otras opciones, lisa y llanamente confía en el sistema privado.
Este, con buena razón, sostiene que debe recibir el pago por esos servicios o directamente no está dispuesto a brindarlo, excepto en caso que en los accidentes estén involucrados algunos de sus asociados. Pero esto, cabe agregar, en algunos casos resultaría imposible de determinar antes de la cobertura y puede abrir el camino a juicios por omisión de asistencia.
El modelo estadounidense es muy interesante. El Estado no tiene problema en involucrarse en el sistema de cobertura de emergencias médicas, pero lo hace con las mismas herramientas que el sector privado: cobrando por su servicio. Esto permite que se cuente con una gran flota de ambulancias, con suficiente personal especializado y, obviamente, con excelente tecnología e instrumental médico. Este mismo modelo, fácilmente, puede ser aplicado en Uruguay quitándole presión incluso al sector privado; pero, especialmente, haciendo que el Estado pueda hacer buen uso de los recursos de la población.
En Estados Unidos, en muchas comunidades las estaciones de Bomberos cuentan con un servicio de cobertura de emergencias médicas. Cobran una cuota mensual o anual reducida, que hace atractivo el servicio, y con esta recaudación puede financiar su operación todo el año.
¿Qué mejor que este modelo fuera tomado por la Dirección Nacional deBomberos? ¿Qué mejor que los ciudadanos de Paysandu estuviéramos afiliados a la cobertura del Destacamento de calle 33? ¿Qué mejor que con ese dinero se mejore la infraestructura para el combate de los incendios e incluso se aumente la cantidad de soldados del fuego?
Es totalmente cierto que no podemos depender del Estado para todo. Pero también es cierto que no podemos quedar solamente en manos de los privados. Aquí hay una oportunidad histórica para que un servicio esencial sea brindado por el Estado, aunque pagado por los que algún día podríamos --lamentablemente-- ser usuarios y recibiendo el beneficio de que lo recaudado sea volcado a favor de todos, por ejemplo, en prevención y combate de incendios. Enrique Julio Sánchez