Locales | 03 Jul Dirigentes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) se manifestaron disconformes con el resultado de una nueva reunión que mantuvieron esta semana con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Carlos Colacce, y no descartaron la adopción de nuevas medidas en reclamo de que se atiendan sus planteos.
Por otro lado, voceros de este movimiento dijeron que no descartan que inicien acciones judiciales contra el ex ministro Mariano Arana por la concesión de créditos para construir viviendas que no se ajustarían a las normativas vigentes y consideraron que habría “favoritismo” para determinadas cooperativas.
El centro del planteo al actual secretario de Estado respondió a la situación de 23 cooperativas que desde hace varios años están esperando que se les otorguen los créditos para construir. El ministro había manifestado que hubo errores en el proceso de adjudicación de créditos que afectaron a cinco de estas cooperativas, por lo que el Mvotma permitiría que puedan ser incluidas en el proceso que les permita obtener el dinero para construir, en tanto el resto de los casos está todavía en trámite.
Si bien de estas expresiones surge voluntad política, la dirigencia de Fucvam cuestiona que en esta definición del ministro no se incluya una fecha concreta para el inicio de las obras y por lo tanto temen que la espera continúe prolongándose en forma indefinida.
El secretario general de Fucvam, Daniel De Souza, subrayó que de acuerdo a la posición del ministerio, la entrega del dinero no se concretará si por ejemplo los servicios de saneamiento no pasan frente al terreno de las cooperativas, que es un aspecto que entiende deberían dirimir los organismos del Estado con competencia en el tema.
Subrayó que “si el saneamiento, la luz, el agua, no pasan por la puerta de la cooperativa, ésta no puede tomar el crédito, pero no es culpa de la gente que los servicios no lleguen”.
Igualmente, Fucvam decidió suspender la decisión de volver a cortes de rutas nacionales, para que “no se criminalice una propuesta pacífica y familiar como las nuestras y sí se condene la falta de recursos y condiciones para acceder a un derecho básico como la vivienda”.