Opinion | 04 Jul El espíritu fundacional que en nuestro país parece tener cada fuerza política que accede al gobierno, ya sea nacional o departamental, implica dejar de lado y calificar como inservible todo lo hecho por la administración anterior, para hacer luego cosas novedosas, que por supuesto no son tales pero que por lo menos a criterio del gobernante tienen el valor diferencial del sello del nuevo gobierno. Sin dudas quien pierde en esta suerte de borrón y cuenta nueva es el ciudadano, que ve cómo suelen frustrarse expectativas tejidas en torno a determinadas obras o iniciativas que cuando accede una nueva administración quedan por el camino, solo porque lo hicieron otros.
En el caso de nuestro departamento es notorio que la Administración Pintos, con mil y una excusas, lo primero que hizo fue discontinuar el funcionamiento de la planta de biodiesel, a la que ha mantenido cerrada hasta ahora, pidió un estudio técnico a efectos de decidir luego su destino y lo único que se ha hecho hasta ahora es habilitar un sector para la extracción de aceite alto oleico, lo que es positivo pero de muy relativa envergadura para las dimensiones y objetivos de la planta.
Y si bien puede cuestionarse, a juicio de los técnicos, la calidad del producto, este es un aspecto menor, desde que podrían buscarse posibilidades para mejorarlo, adecuarlo a las normas técnicas y buscar la forma de insertar la producción de biodiesel en algún esquema departamental, privado, municipal o por asociación, llegado el caso. Recientemente, por iniciativa de productores de nuestro medio, que ha sido recogida por los asesores municipales en el área rural, se está evaluando la posibilidad de reflotar la explotación del algodón con objetivos sociales que son importantes para el medio rural, con participación de pequeños productores.
Una iniciativa de estas características ya estaba en marcha en la anterior administración, pero fue cortada abruptamente en la Administración Pintos, y hasta se anunció que la desmotadora que había sido incorporada a esos efectos había sido enviada a Salto por un acuerdo entre ambos municipios frenteamplistas. En estos casos, por encima de consideraciones políticas y las excusas que puedan manejarse, lo cierto es que por interesas políticos se dejan las cosas a medias, con el ciudadano como el gran perjudicado, como si sobraran recursos y tiempo.