Opinion | 01 Jul Cuando van quedando gradualmente atrás los ecos de unas elecciones internas que se desarrollaron por tercera oportunidad desde su instauración por la reforma constitucional de 1996, corresponde traer a colación que con ella se apuntó a establecer reglas de juego claras para el funcionamiento de los partidos políticos, que rompieron con décadas de un manejo en extremo desprolijo, cuando proliferaban los candidatos que pretendían marcar sus votos para luego hacerlos valer en sus respectivos ámbitos de definición de cargos.
Estas prácticas, a las que no ha sido ajeno ningún partido, han contribuido en gran medida al descreimiento en la dirigencia política, por lo que esa reforma constitucional tuvo la virtud de marcar un primer ámbito de decisión popular que acota la presentación de candidaturas a un mecanismo que clarifica algo al ciudadano en torno a lo que realmente está votando.
Una candidatura presidencial única por partido y hasta un máximo de tres a la Intendencia en caso de acordarse determinada ingeniería electoral para la distribución de convencionales departamentales, permite descartar una ruleta rusa en la que se transformaba cada partido en nuestro país, cuando el doble voto simultáneo y la “ley de lemas” establecían que podía presentarse a la Presidencia y a la Intendencia una gama de candidatos que sumaban dentro del mismo lema, con la ventaja de que el que obtuviera mayoría dentro de su partido, se llevaba todos los votos.
Ello aparejó que bajo un mismo partido coexistieran corrientes diversas, incluso algunas con escasa sintonía entre sí salvo la de estar cobijados bajo el mismo lema, lo que llevó a que la ciudadanía votara por fidelidad partidaria a un candidato pero en la práctIca terminara dando sus votos a otro que obtuvo la mayoría dentro del lema y que era ungido presidente o intendente sin haber sido directamente votado.
A través de una elección interna que eligiera un candidato único se lograba superar este riesgo de terminar votando un candidato por otro. Pero no significaba entera libertad para la ciudadanía, por cuanto en caso de comparecer dos, tres o más partidos en una elección, obtendría el gobierno el que lograra la mayoría relativa, es decir la minoría mayor, lo que posibilitaba que partidos que tuvieran visiones similares y líneas coincidentes pudieran perder la Presidencia a manos de una colectividad con mayoría relativa, pero eventualmente en las antípodas de esa propuesta y visión, y por ende con menor respaldo ciudadano.
El balotaje o segunda vuelta electoral fue también un avance sustancial incorporado por la reforma de 1996, desde que el ciudadano tiene la opción de soslayar la segunda ruleta rusa y votar por uno de los dos candidatos de los partidos con mayor respaldo electoral, para que quien surja electo presidente sea realmente representativo del sentir de la mayoría de la ciudadanía, y no se den por ejemplo situaciones como las de 1971, cuando Juan María Bordaberry llegó a la Presidencia de la República con menos del 20 por ciento del electorado.
Es decir que sin ser perfecto, el actual mecanismo electoral es mucho mejor y también tiene a favor el desfasaje en el tiempo entre las elecciones nacionales y departamentales, lo que evita el efecto de arrastre de la elección nacional sobre la local, y así deja al ciudadano en condiciones de elegir al mejor vecino para ejercer el cargo de intendente.
Como factor en contra es de recibo que se indique que prolonga en exceso la sucesión de consultas al ciudadano, que vive durante al menos un año inmerso en un proceso electoral que trastroca el funcionamiento del gobierno y se proyecta sobre la vida cotidiana.
Por eso un acortamiento del lapso que media hasta la elección departamental resultaría positivo, de manera de disminuir el desgaste para los partidos y para la gente.
Pero igualmente no corresponde toquetear dos por tres la Constitución para presuntamente enmendar lo que se percibe como negativo, cuando a menudo los reparos surgen de tiendas partidarias a las que determinada situación no favoreció, porque nos encontraríamos fijando reglas de juego a medida y conveniencia de quienes se sientan perjudicados en cierta coyuntura, en un proceso de nunca acabar.