Opinion | 09 Jul Todo indica que el presidente Tabaré Vázquez pretende pasar a la historia como el mandatario que “rescató” los restos del general José Gervasio Artigas del mausoleo erigido en plaza Independencia en Montevideo, porque la construcción se concretó durante la dictadura, y para ello ha decidido plasmar la idea en un proyecto que será sometido al Parlamento, para que nadie abrigue ninguna duda de la firmeza de sus convicciones.
Se trata de una medida poco feliz e inconsulta del jefe de Estado, esta vez reafirmando el carácter fundacional que en determinadas áreas ha asumido la fuerza de gobierno, transmitiendo el mensaje de que todo lo que se había hecho antes servía de poco y que “nosotros lo vamos a hacer mejor”.
Por supuesto, el mandatario no solo le ha errado en el concepto y en la forma, sino también en el momento, haciendo gala de un don de la inoportunidad que hasta ahora no había mostrado, desde que está lanzando al ruedo una iniciativa controvertida sobre el fin de su mandato, y que deberá en todo caso ser llevada adelante por el próximo gobierno, cualquiera sea el partido al que la ciudadanía le confiera el respaldo en las urnas.
En las últimas horas Vázquez aseguró que una vez que el Parlamento --con la mayoría oficialista-- apruebe el proyecto de ley por el cual promueve trasladar los restos del prócer al edificio Independencia, le cambiará el nombre y pasará a llamarse “José Gervasio Artigas”, e insistió en su decisión de retirar los restos del mausoleo, por considerar que Artigas debe “estar en un lugar digno”, de acuerdo a las expresiones que vertiera en Consejo de Ministros. En verdad el Uruguay debe tener ya gran parte de sus problemas resueltos, si es que el presidente tiene tiempo de ocuparse en dejar marcada su impronta como redentor de los restos de nuestro héroe máximo en vez de dedicarse a desarrollar acciones de gobierno de interés general en una diversidad de áreas. El proyecto de ley aludido constituye una incongruencia absoluta con la actitud que debe esperarse de un presidente, que por ejemplo dio pasos positivos al promover el fallido Día del Nunca más, para marcar claramente que la intolerancia de quienes se alzaron en armas contra el régimen democrático, y los tiranos que dieron el golpe de estado en 1973 no se recree en el país, pese a la ciega oposición de sectores de su fuerza política que terminaron frustrando la idea.
La iniciativa a que nos referimos está precisamente en las antípodas de esta actitud y es un factor más de división, desde que en este concepto revisionista deberían paralizarse las represas que se construyeron durante el período de facto, incluido Salto Grande, así como otros emprendimientos que fueron ejecutados en la dictadura, en cuyos primeros años, precisamente, se dio un escenario de bonanza internacional que permitió reactivación económica y recaudación, como le ha ocurrido también a la administración frenteamplista, para en la última fase ingresar en un descenso como el que hoy se está registrando, salvando las diferencias entre los factores que han incidido en uno y otro escenario.
A la vez no puede obviarse que estamos ante una visión netamente centralista de la realidad, desde que mientras el mandatario está preocupado porque el mausoleo no es el lugar indicado para el descanso de los restos de Artigas porque lo hizo la dictadura, en cambio no ha movido un dedo para que se haga realidad el homenaje que el país le debe al prócer en Purificación, al norte de nuestro departamento, desde que siguen pasando los años sin que se haga realidad el proyecto para situar en su verdadera dimensión este lugar histórico.
No puede extrañar entonces que ciudadanos del Interior estén organizando una cabalgata a Montevideo para rodear el Mausoleo y manifestar su oposición al traslado de los restos, para lo que cuentan con adhesiones de sociedades criollas y nativistas de todo el país, porque señalan que el mandatario “no puede arrogarse el derecho de decidir en su nombre temas de fondo que hacen a la nacionalidad oriental”. Y tienen razón, porque el presidente debió buscar un consenso político para una decisión de este tenor, que debe trascender la voluntad de un mandatario en una democracia, a menos que se crea que es asunto menor el sentar precedente de que todo aquel que desde ahora en adelante ocupe el sillón presidencial se sienta con derecho a disponer de los restos de Artigas como le parezca, por encima de lo que opine el soberano.