Opinion | 07 Jul Cuando tan recurrentemente integrantes del gobierno han referido a la “herencia maldita” para pasar factura a gobiernos anteriores de situaciones negativas que se entienden muy difíciles de revertir, a esta altura ya es un hecho que esta administración dejará a quien le suceda la “herencia maldita” de una ley de educación que no incursiona en el tratamiento de los graves problemas educativos que sufre el país. Entre ellos una creciente pérdida de valores y una alta deserción, sobre todo a partir de los estudios secundarios, lo que compromete el futuro del país. Lamentablemente, una administración que tiene mayorías claras en ambas cámaras para aprobar normas que permitan al menos atender los problemas más acuciantes de la enseñanza, trasladó la generación de propuestas a las corporaciones, es decir docentes y funcionarios que naturalmente recogieron el guante con la expectativa de proponer lo que más convenía a sus intereses, en tanto la mentada participación popular a través de las asambleas fue un fiasco, desde que resultaron copadas por los directamente interesados y los militantes, con exclusión del ciudadano común, por supuesto.
En realidad lo que se gestó en esas asambleas y luego se transformó en la propuesta de ley de educación fue lisa y llanamente la búsqueda de estas corporaciones de obtener poder mediante su participación en el esquema de dirección de los respectivos consejos y otros órganos de las respectivas ramas, con el objetivo manifiesto además, de acotar o simplemente descartar que las decisiones fueran adoptadas por el poder político.
En un reciente seminario organizado por la Asociación Uruguaya de Educación Católica y la Universidad Católica, con participación de panelistas de varios sectores, integrantes de la academia y del sistema político rechazaron la ley de educación y la ausencia de un debate real y profundo en el que se analizaran los verdaderos problemas de la enseñanza pública y privada.
En este contexto la docente de la Ciencia de la Educación, grado 5, de la Universidad de la República, Adriana Marrero, dijo estar desencantada con la referida ley, manifestó dudar de si los legisladores que la votaron (solo la mayoría frenteamplista) “entendieron la dimensión de la decisión que tomaron”, a la vez de evaluar que el debate no se centró en los asuntos educativos sino que pasó por temas accesorios y tampoco tuvo en cuenta la brecha cultural entre los estudiantes.
Por su lado, el profesor Pablo Da Silveira, de la Universidad Católica, consideró que la normativa es “espantosa” y que provocará graves conflictos a mediano pazo, en cualquier escenario político.
El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, subrayó en este foro que la ley de educación ya “nació muerta”, y que además es preciso mejorar la gestión antes que entrar en debates interminables, porque los problemas de la educación no se resuelven con una ley. Reafirmó asimismo que las corporaciones, en este caso los gremios de la enseñanza, no pueden conducir la educación, que debe estar a cargo del sistema político, por cuanto “si se atienden los intereses corporativos, caminamos hacia el fascismo”.
Lamentablemente, se ha perdido una muy buena oportunidad de hacer algo realmente positivo por la enseñanza en nuestro país, que debió partir de un diagnóstico correcto de la situación para después definir e instrumentar las respuestas que apuntaran a revertirlo.
El gobierno debió traer pronta su propia propuesta en vez de dejar que los gremios se hicieran la idea de que lo que resolvieran en las asambleas iba a ser reflejado a pie juntillas en la ley, por lo que no están conformes con que el Poder Ejecutivo haya filtrado las propuestas y aprobado finalmente una norma que deja por el camino varias de las reivindicaciones de las corporaciones, que ya daban por hecho que por fin tendrían acceso completo al poder.
El resultado ha sido que la norma no aporta soluciones a los problemas reales, porque las asambleas ni siquiera los consideraron, y el gobierno no aportó propuestas, tiene las manos atadas por compromisos políticos con los gremios y tampoco ha tenido voluntad para abrirse a ideas de todos los actores y del abanico político, que representa a toda la ciudadanía, que es al fin y al cabo la directamente involucrada en la enseñanza que nos debemos.