Opinion | 10 Jul Un período de incertidumbre como el que estamos atravesando, como consecuencia de un deterioro paulatino de la actividad económica que responde a la conjunción de crisis internacional y la falta de previsión del gobierno en cuanto a encarar políticas contracíclicas, se presenta tradicionalmente como un lapso de prudencia en las inversiones, teniendo en cuenta que el sentido común aconseja aguardar tiempos propicios para adoptar decisiones de riesgo.
Claro, no es lo mismo el caso de una empresa que tiene suficiente capital de giro y patrimonio para encarar sus propias inversiones de riesgo sin tener que apelar a endeudarse, que el de un emprendimiento de pequeñas dimensiones, que para ampliar su ramo de actividad, modernizar su tecnología o ampliar su empresa, requiere apoyo financiero con una tasa de retorno imprescindible para no generar condiciones insostenibles en el corto y mediano plazo, con la consecuente posibilidad de extinción del negocio por su inviabilidad.
Ello explica que en determinadas áreas de actividad, por el propio tamaño de la empresa se trabaje con visiones a corto plazo, casi al día, en tanto en las grandes firmas se pueden encarar inversiones que trascienden el aspecto coyuntural para enfocarlas en perspectivas de mediano y largo plazo, como ocurre con las forestales, que retraen la actividad corriente debido a los problemas de mercado, pero que no por ello dejan de llevar adelante sus grandes proyectos porque están apuntando a un escenario de futuro que les indica que tendrán a su debido tiempo el retorno esperado, con la rentabilidad del caso.
Es decir que existen factores condicionantes que marcan una diferencia sustancial en cuanto a las posturas a adoptar en situación como la actual, desde que en período de bonanza el común denominador es la expectativa de un repago más o menos inmediato, siguiendo la evolución de los mercados.
Ello alienta a asumir decisiones en base a la presunción y más aún a la esperanza de que el panorama se mantenga el tiempo necesario como para amortizar el capital.
Pero claro, en esta ecuación existen dos componentes: el que necesita el crédito y el que lo suministra, es decir la entidad de intermediación financiera, que por supuesto mide riesgos en el retorno y se asegura garantías para estar en condiciones de resarcirse en caso de incumplimiento.
En esta conjunción es precisamente donde reside la debilidad del sistema para las pequeñas economías, desde que sobre todo en coyunturas como las actuales se extreman los cuidados en el otorgamiento de créditos, y es impensable que una empresa con escaso patrimonio, pese a que su proyecto en teoría pueda aparecer viable, resulte sujeto de crédito para el circuito financiero común, salvo que pueda encuadrar entre los proyectos que financian entidades de fomento.
En este contexto es de esperar que pese a la tendencia de caída en la actividad económica, que se ha profundizado en el segundo trimestre del año, pueda generarse una demanda auspiciosa ante la instrumentación a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo del Sistema Nacional de Garantías, cuyo objetivo es precisamente facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se trata de fondos estatales destinados a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos que las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, otorguen a empresarios que no cuenten con garantías o les resulten insuficientes, lo que a la vez, según lo anunciado por los promotores, se enmarca en medidas anticíclicas, como se hace en otros países, de forma que las pequeñas economías empresariales puedan recomponerse o contar con medios para superar las dificultades propias de los ciclos recesivos.
El sistema ya está operativo, lo que es a todas luces positivo, pero mejor aún, esta posibilidad debería estar también disponible en cualquier escenario y no solo cuando aprietan las crisis, desde que es una forma de contribuir a dar aire a empresas severamente condicionadas en sus posibilidades de expansión y recomposición, que necesitan apoyo por encima de las coyunturas, para contribuir en mejor forma a vitalizar el tejido socioeconómico del país, por ser las principales proveedoras de empleo.