Opinion | 11 Jul A esta altura de los acontecimientos, solo quien no viva en el país o tenga un sesgo ideológico muy marcado, apegado a las viejas recetas y adicto a los eslóganes, puede creerse el verso de que las empresas públicas son de los uruguayos.
Como ha quedado harto demostrado, sobre todo a partir de los últimos años en forma desembozada, y como bien señalara no hace mucho el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, se da la paradoja de que las empresas públicas no son de todos los uruguayos, sino que en los hechos han sido privatizadas en favor de las corporaciones de funcionarios públicos, que se oponen, por las dudas, a todo lo que signifique algún atisbo de modificación del statu quo.
Por supuesto, estos grupos de presión han ido adquiriendo cada vez más poder sobre el sistema político y la propia población, desde que utilizan las medidas sindicales como elemento disuasivo hacia el gobernante, que suele ceder a sus pretensiones, las que por supuesto nunca refieren a mejorar el servicio a los dueños, sino a obtener mejoras salariales y de condiciones de trabajo que nunca van a ser en beneficio del usuario.
Recientemente, el candidato presidencial del Frente Amplio, senador José Mujica, lanzó al rueda una propuesta que no es novedosa, sino que en su momento la planteó el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, y más recientemente Pedro Bordaberry, candidato colorado, en el sentido de cotizar en bolsa acciones de las empresas públicas.
Claro, la novedad es que lo hizo desde la coalición de izquierdas, estatista a ultranza, y por fuera del programa elaborado por el congreso, por lo que no puede extrañar que ya ha generado resistencia en algunos círculos de la fuerza de gobierno y allegados al candidato hayan salido a aclarar lo que quería decir con esta propuesta.
Pero más allá de estas escaramuzas electorales, típicas de toda campaña, la oposición visceral contra esta propuesta surgió de los sindicatos de funcionarios del Estado, que desecharon la idea de plano, porque puede haber alguna posibilidad de que peligren sus condiciones de trabajo. No vaya a ser que el pueblo, el supuesto dueño de las empresas, de alguna forma llegue a tener alguna posibilidad de control, aunque sea muy remota, y tenga instrumentos para exigir que se le atienda como corresponde.