Locales | 10 Jul Trabajadores de empresas tercerizadas que operan en diferentes áreas de Ancap se mantienen en conflicto en reclamo de –entre otras reivindicaciones- equiparación salarial con los funcionarios estatales, beneficios, licencias y categorización, así como la incorporación definitiva a la empresa estatal en calidad de operarios, situación que –según su representante legal- ya poseen “de hecho”. También exigen la reincorporación de un operario enviado al seguro de paro por –afirmaron- reclamar licencias atrasadas.
Las medidas de lucha comprenden recortes en los turnos. Los funcionarios aseguran estar trabajando en condiciones insalubres, sin contar con el equipamiento necesario y dicen que en muchos casos de-sempeñan cargos de mando, sin recibir la correspondiente remuneración.
Afirman que el Directorio de Ancap es consciente de la situación y exigen una decisión política “de fondo” que solucione sus problemas, ya que se atribuyen el mérito del incremento productivo de la empresa. Mauro García, empleado de la empresa “Mársico” y asignado al área de “carga y descarga de cemento”, dijo a EL TELEGRAFO que “todos los tercerizados en general” que trabajan en Paysandú, tanto en la cantera del Queguay, como en la trituradora, espacios verdes y ensacado, enfrentan “problemas” con “los patrones”, en tanto destacó el apoyo que en este momento reciben del Sunca.
La abogada Natalie Dubois, representante de los trabajadores tercerizados que se desempeñan en la cantera del Queguay y en la planta de Nuevo Paysandú, dijo que se generaron problemas con “dos empresas”, ya que mientras una los reconoce como integrantes del Sunca la otra “ni siquiera eso. Ninguno de ellos tiene derecho a chequeos médicos, están trabajando en condiciones insalubres”, aseguró. Dubois entiende que los operarios contratados atraviesan una situación de incertidumbre en la que los empresarios deslindan responsabilidades y atribuyen todas las decisiones a las autoridades de Ancap.
“También tenemos otra empresa –Maysel- que tiene la parte de trituradora en Ancap en canteras. Ahí se discute hasta la aplicación del convenio de la construcción”, añadió.
Los funcionarios de Ancap cuentan con beneficios como presentismo, transporte, viáticos y vestimenta, mientras que los contratados –afirmaron- no poseen tales derechos y cobran salarios mucho menores por idéntica función.
“Específicamente con la empresa ‘Mársico’ se han tenido inconvenientes con la entrega de la ropa”, dijo Dubois. Actualmente –añadió Mauro García- trabajan en las diferentes áreas de Ancap (en todo el país) unos 100 trabajadores pertenecientes a empresas tercerizadas asignadas al área de producción. El conflicto en Paysandú también responde al envío al Seguro por Desempleo de un trabajador que solicitó el pago de licencias atrasadas, circunstancia considerada por sus compañeros como “represión sindical”, ya que actualmente están efectuándose horas extras.
La profesional entiende que los tercerizados tienen derecho a gozar de los mismos beneficios que los “ancapeanos”, porque ya son “funcionarios de hecho”. Con algunas empresas ya se plantearon instancias de negociación y se obtuvo el compromiso de impulsar mediaciones en el ámbito de Ancap.
“Estamos a nivel del Ministerio de Trabajo con ambas empresas”, añadió la abogada.