Locales | 14 Jul Ante el plenario de la Junta Departamental la edila frenteamplista Raquel Medina refirió “al reconocimiento de los derechos de humildes trabajadores y trabajadoras orientales, ya que hace pocos días los ladrilleros y artesanos lograron ingresar al sistema de seguridad social del BPS. Esto encierra un hecho concreto de gran importancia especialmente para una actividad generalmente informal, condenada desde hacía décadas por la indiferencia de los gobiernos de turno”.
Citó al presidente de la Mesa Nacional de Ladrilleros, Eduardo Romero, quien dijo que “el paso a la formalidad mediante el pago del monotributo marcará un antes y un después, calificando como un logro que un sector vital para la construcción que trabaja intensamente en forma zafral, tenga ahora cobertura social”.
Medina recordó que en el año 2000 “se fundó el Movimiento Nacional de Ladrilleros del Uruguay, el que está conformado por delegados de distintos departamentos. Está integrado por cuatro mil unidades productivas en las cuales trabajan directamente 14 mil personas en todo el país”.
Añadió que “en cuanto a los artesanos representados por la señora Elena Almirati, cabe citar que por el pago de 400 pesos se logra una gran herramienta (la seguridad social), ya que permitirá ventas al por mayor. Desde hace años vienen trabajando para que exista una herramienta formal en la cual el sector ingrese (y aporte) de acuerdo con sus características. Son ocho mil los artesanos que trabajan en el territorio nacional y el monotributo comprende a una franja que percibe bajos ingresos”.
En otro orden la edila frenteamplista sostuvo que “el Uruguay se ha transformado en el primer país de América Latina que reglamenta condiciones para el trabajo rural. Se trata de dos decretos sobre seguridad laboral, proyectos unánimemente consensuados que contaron con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo. Es así que se reglamentó mediante decreto Nº184/09, del Convenio Internacional referido a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores rurales”. Aclaró que esto se había ratificado en 2001 mediante ley, “pero los trabajadores tuvieron que esperar ocho años para que se reglamentara y se pueda aplicar”.
El segundo decreto al que hizo mención es “el de la prevención de riesgos físicos en las actividades laborales, en lo que no puedo dejar de mencionar lo que ha significado la aplicación de las ocho horas para el trabajador rural. Más de noventa años después que ello se aplicara para los trabajadores de la industria, se concreta esta mejora sustancial que es un duro golpe para aquellos que piensan que los derechos son los de algunos pocos y no de los trabajadores rurales, sometidos a un régimen de semiesclavitud”.