Opinion | 16 Jul En pocos años Paysandú se transformó en uno de los departamentos con más numeroso parque vehicular y además con un alto porcentaje de motos en relación a la cantidad de habitantes. Los birrodados, no siempre en condiciones de circular, se convirtieron en rasgo característico de una ciudad con altos índices de siniestralidad y con una creciente cultura de no respetar las leyes de tránsito.
Con el aumento en las ventas se agudizó el flagelo de los accidentes de tránsito y la circulación se hizo casi caótica, pero también se establecieron otros fenómenos que traerían consigo nuevos motivos de preocupación. Las necesidades de los cada día más numerosos motociclistas hicieron que el centro de la ciudad se colmara de estacionamientos, aumentaran los hurtos y surgiera la figura del cuidamotos. Como en toda actividad informal, se plegaron a la oportunidad que ofrecían las circunstancias personas de diferentes características. Algunas fueron capaces de edificar una trayectoria y ganarse la confianza de quienes diariamente delegaban la responsabilidad de cuidar su birrodado, en tanto otras no fueron capaces de establecerse ni delinear una rutina de trabajo. También hubo quienes incurrieron en el delito o no pudieron organizarse con sus pares, viéndose frecuentemente involucrados en conflictos y disputas.
Pero quizá el problema más preocupante siga siendo el descontrolado incremento de los robos de motos. Los delincuentes han transformado los estacionamientos en verdaderos cotos de caza, donde fundamentalmente en horas nocturnas se suceden los hurtos y la gente poco puede hacer para proteger su propiedad. Además, los ladrones cuentan con un sistema que les permite hurtar una moto y rápidamente desguazarla, para luego “colocar” algunos repuestos, deshaciéndose de las partes identificables.
Las calles sanduceras ya no son las mismas. La propiedad privada está más expuesta que nunca y todo indica que los delincuentes permanecen al acecho. El flagelo de los robos de motos requiere un esfuerzo que comprometa no solo a la Policía, sino a todos los actores sociales. De lo contrario será difícil desarticular las redes de delincuencia y menos aún dar con los verdaderos beneficiarios de este “negocio”.