Locales | 17 Jul Tras un paréntesis de un año y medio, la cooperativa de viviendas de empleados municipales, Covidemu, tiene expectativas de lograr la ampliación del crédito inicial brindado por el Estado, pero ahora se encontró con la ocupación ilegal de varias de las casas a medio construir en el complejo de Bulevar Artigas e Instrucciones del año XIII, cercano al barrio Río Uruguay.
El pasado lunes los integrantes de la cooperativa de municipales fueron informados sobre la ocupación -por personas ajenas al grupo- de algunos de los predios donde se habían levantado paredes. Se trataría de unas 20 personas no ajenas al citado barrio, que aprovecharon la ausencia del sereno para adueñarse de algunas de las construcciones que los cooperativistas pudieron concretar con la primera parte del préstamo.
Así las cosas, el martes la comisión directiva presentó la denuncia correspondiente en la Seccional 5ª de policía, donde corresponde jurisdiccionalmente. Paralelamente, la Intendencia Departamental (donde trabajan los cooperativistas y que además les cedió el terreno) envió al barrio una de las arquitectas y una escribana pública. Esta última labró un acta, intimando al retiro de los ocupantes. Más tarde, la comuna también hizo la denuncia, enmarcándola además judicialmente, por lo que hay dos denuncias por el mismo hecho, que implica una nueva complicación para los cooperativistas.
NO ESTABA ABANDONADA
“La construcción no está abandonada, sino que se demoraron los trámites en el Ministerio de Vivienda y mientras tanto tuvimos que parar”, explicó a EL TELEGRAFO el integrante de la directiva de Covidemu, Walter Vaz.
Según el cooperativista, están preocupados por la ocupación, porque “justo estamos a la espera de la ampliación del crédito. Según sabemos, está en el despacho del ministro de Vivienda para su firma, y ya hemos hecho contactos con el Centro Cooperativista Uruguayo, y también hicieron consultas el intendente Julio Pintos y Marco García”, dijo Vaz.
Explicó que desde que la Intendencia les cedió el terreno -que había sido entregado como parte de pago de deudas a la comuna- pudieron trabajar durante ocho meses, en los que las 40 familias cooperativistas trabajaron en la preparación de la tierra y la construcción de sus viviendas en dos bloques. Es así que pudieron construir “cuatro o cinco con cimientos y paredes hasta la viga, hicimos cimientos para unas 10 más y preparamos los pozos para el resto”.
Recordó que hubo sereno, y que los mismos cooperativistas se turnaban para cuidar los materiales que quedaban en el predio, pero “fue solo por un par de meses, era demasiado peligroso” ante algunos casos que se presentaron con personas que ingresaban al predio a robar materiales y destruir parte de la construcción. “No teníamos plata para pagar un sereno, y la policía pasaba cuando podía por allí”, explicó el tesorero de la cooperativa, al destacar que no sirvió de mucho.
Una esquina peligrosa
Ese año la cooperativa de viviendas solicitó el préstamo al Banco Hipotecario del Uruguay, que se concretó en 2006.
A comienzos de agosto de 2007, los cooperativistas optaron por retirarse de la construcción por dos problemas: la falta de dinero para comprar materiales y seguir las obras y los constantes robos, pedreas y agresiones a los trabajadores y las construcciones por parte de “cinco o seis menores habitantes del barrio vecino”, según se dijo en aquellas fechas.
El 19 de agosto de ese año, EL TELEGRAFO publicó fotografías mostrando los destrozos hechos por los vándalos que, cuando eran descubiertos, se amparaban en ser menores y corrían hacia sus domicilios. Un caso tuvo procesados, cuando en una vivienda del barrio Río Uruguay la policía mediante un allanamiento encontró dos garrafas de gas de 13 kilos denunciadas por un repartidor, y también varias vigas de hierro que habían sido sustraídas del depósito de la obra de Covidemu. En el depósito quedaban pocos materiales, ya que días antes habían hurtado o roto varias piezas de artefactos de baños.
También UTE sufrió en varias oportunidades destrozos a pedradas de un transformador ubicado en la misma esquina.
PREOCUPACIÓN GENERALIZADA
Los hechos y las complicaciones que tuvieron los cooperativistas fue motivo de preocupación de autoridades departamentales y nacionales. Es así que el edil nacionalista Robert Pintos hizo una presentación en la Junta Departamental; los diputados David Doti y Bertil Bentos se ocuparon en varias oportunidades del tema a nivel nacional y el intendente Julio Pintos hizo planteos en el Ministerio de Vivienda.
Ahora, cuando aparentemente está “a la firma” la ampliación del crédito que permitiría seguir con las obras para las 40 viviendas de esta cooperativa, surge el problema de la ocupación ilegal, lo que podría implicar mayores demoras en la concreción de estas 40 soluciones habitacionales para otras tantas familias sanduceras.