HOY VAN CON ABOGADA

Locales | 20 Jul Los cooperativistas de vivienda nucleados en Covidemu, 40 familias de trabajadores municipales, esperarán a que la justicia determine la expulsión de las 20 personas que ocuparon ilegalmente las construcciones que se venían desarrollando en el complejo de Bulevar Artigas e Instrucciones del Año XIII. Reunidos el viernes en una asamblea, los aspirantes a su casa propia recibieron el informe de una asistente social del Centro Cooperativista Uruguayo, CCU, en el cual se aconsejaba esperar que el Poder Judicial dictaminara el desalojo de quienes ingresaron al predio y ocuparon las obras en construcción, que los cooperativistas debieron abandonar el año pasado ante la falta de dinero para continuar la construcción, y las agresiones y robos que eran objeto por algunos menores y mayores, aparentemente habitantes o vinculados al vecino barrio Río Uruguay. Según dijo a EL TELEGRAFO un integrante de la directiva, Walter Vaz, “hay que esperar los plazos normales que tendrá ahora el expediente judicial, después que llegaron las denuncias hechas por nosotros y por la Intendencia”. Señaló que “el lunes (hoy) vamos a ir (al palacio de justicia) para ver en qué está, porque recién se sale de la feria judicial”, agregando que irán acompañados de una abogada que trabaja para el CCU.
PRÉSTAMO FIRMADO
La asamblea se mostró ansiosa por una pronta solución legal que “libere” las obras en construcción, ya que se confirmó que el ministro de Vivienda “ya firmó la documentación” para la ampliación del préstamo, capitalización necesaria para poder continuar con las interrumpidas obras.
De las 40 viviendas, solamente cuatro están desarrolladas en paredes que llegan hasta la viga, hay una decena que tienen los cimientos prontos y el resto estaban preparadas para cimentar.
Sin embargo, a la falta de recursos para poder seguir construyendo se sumó el robo o rotura de numerosos bienes de barraca que estaban en el depósito en la misma obra, así como agresiones y pedreas continuas a los cooperativistas y serenos que trabajaban o cuidaban la obra, lo que los llevó a dejarla sin quien la vigilara.
Según Vaz, el tema ahora está en manos de la justicia, que seguramente dispondrá el desalojo y lanzamiento de los ocupantes para que la cooperativa de viviendas, ahora nuevamente financiada, pueda continuar trabajando.