Opinion | 19 Jul Con la mayoría de los legisladores metidos de lleno en campaña política, lanzándose en la recta final para las elecciones de octubre, luego que en el primer semestre del año se dedicaran al trabajo para las elecciones internas, es notorio que la tarea legislativa se ha desdibujado, desde que entre las ausencias y las licencias, las recorridas por barrios capitalinos y el Interior, poco o nada efectivo se hace en el Parlamento.
Lamentablemente, el escenario es recurrente en cada elección, sin que se establezca alguna regulación valedera o responsabilidad personal para que el parlamentario continúe cumpliendo su tarea normalmente hasta el fin del período, desde que para hacer el trabajo está cobrando un salario --por cierto nada despreciable-- que le pagamos todos los uruguayos.
Pero claro, quien más quien menos todos están aprovechando la posibilidad de diversificar su tiempo entre su tarea y el intento por mantener su banca o trabajar para su partido, y como esta irregularidad --por lo menos desde el punto de vista ético-- alcanza a todas las colectividades partidarias, nadie se atreve a lanzar la primera piedra ni se pisan la manguera entre bomberos.
En el caso del Poder Ejecutivo, además, varios ministros han intervenido abiertamente en la campaña electoral para las elecciones internas, pese a que el presidente Tabaré Vázquez había advertido que quien tuviera interés en participar en esta actividad, debía renunciar. Pues la realidad indicó lo contrario y recién ahora se ha registrado una renuncia del titular de una cartera y se anuncia alguna otra, pero con la salvedad de que el renunciante pasa a ocupar una banca parlamentaria, que a la vez ejercerá a medio tiempo, en el mejor de los casos, porque está en plena campaña. Y así sucesivamente. De esta manera, con culpas compartidas, el último año de gobierno presenta tradicionalmente en nuestro país las distorsiones propias de un proceso electoral, que además tiñe todo de subjetividad partidaria y no hay decisión adoptada sin antes medir al milímetro los costos políticos.
Pero esta distorsión también promueve contradicciones, por cuanto mientras el Parlamento trabaja a media máquina, con masivas ausencias en plenarios y en el trabajo en comisión --lo que se irá acentuando a medida que se acerque octubre-- el Poder Ejecutivo, con el presidente Tabaré Vázquez a la cabeza, parece decidido a llevar adelante a toda costa determinadas leyes que deberían ser adoptadas por amplio consenso, cuando le quedan seis meses de gobierno. El sentido común indica que la próxima administración, del partido que sea, debería ser la que adopte decisiones en torno a iniciativas como la controvertida ley de negociación colectiva, que solo es apoyada por la mayoría oficialista, y además cuenta con el rechazo abierto de una de las partes involucradas, que son las gremiales empresariales.
Así, se hará un legado de último momento al próximo gobierno, que puede ser una bomba de tiempo si no es manejada más a menos equilibradamente entre las partes, cuando la lógica indica que las leyes de importancia, como ha sido además tradicional, por razones éticas y manejo criterioso del gobierno, se dejen para la siguiente administración. Encima el presidente Vázquez parece muy interesado en pasar a la posteridad como el presidente que en pleno período electoral quiere sacar los restos del general José Artigas del Mausoleo de plaza Independencia, para trasladarlos a un futuro museo, en una decisión que por lo menos por delicadeza debió haber consultado con todo el espectro político, desde que el destino de los restos del prócer no puede estar al arbitrio o capricho de quien circunstancialmente ocupe la primera magistratura.
En su momento tuvo el buen tino de no sumir al país en el grosero debate por una reforma constitucional con nombre propio, que pretendía cambiar la Carta Magna para intentar su reelección, por iniciativa de sectores de la fuerza de gobierno que criticaron en su momento el personalismo del ex presidente Jorge Pacheco Areco y luego intentaron hacer lo mismo, porque electoralmente parecía servirle. El mandatario estuvo en ese momento a la altura de su investidura, pero en esta oportunidad no ha dado la estatura de jefe de Estado, lamentablemente, y ha adoptado una decisión absolutamente fuera de lugar, alentada en un microclima montevideano y centralista, plasmada en un proyecto de ley polémico, delirante y el menos oportuno posible, para no estar fuera de tono con la realidad parlamentaria.