Locales | 19 Jul Una semana atras se publicó la solicitada de la reconocida docente, ya retirada, Gladys Pita, quien enfrenta una seria dificultad económica por el alto costo del medicamento oncológico que necesita. El último recurso al que apeló, agotados sus ahorros, fue contraer un préstamo del BROU por $100.000, para lo cual puso su casa como garantía. Esa importante suma, sin embargo, solamente le alcanzó para la compra de tres cajas de Lapatinib, con cada una de las cuales cubre apenas 14 días de tratamiento. El fármaco no se le entrega por no figurar en el vademecum vigente de que dispone y controla el Ministerio de Salud Pública.
Por esa razón --y tal como hiciera recientemente otra paciente oncológica en Montevideo, quien tuvo fallo judicial favorable-- habrá de plantear un recurso de amparo que tiene la característica de un urgente tratamiento y resolución. En el caso de Patricia Ferrari la Justicia resolvió que en 72 horas el MSP disponga le sea entregado el Lapatinib (necesitaba este mismo fármaco), so pena de una fuerte multa económica equivalente a 300 unidades reajustables por día. La acción fue encarada en base a los artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución, que consagran la protección de los ciudadanos en el goce de la vida y los derechos fundamentales, así como la obligación del Estado de velar por ellos.
En principio comentó la decisión de su solicitada: “más que nada lo hice para que la población tome conocimiento de lo difícil que es acceder, cuando se torna necesario, a medicamentos caros. Yo sigo comprándolo: ayer mismo compré una caja que me cuesta $33.000 y me dura 14 días”.
“Mi cobertura médica es de Comepa, que se maneja con el llamado vademecum, una lista de medicamentos que es obligatorio proporcionar. En este caso, el que yo necesito no está en ese listado de la mutualista, que no lo puede proporcionar. He gestionado también que, donde lo compro, me saquen el Impuesto al Valor Agregado, pero me dijeron que tampoco eso puedo obtener”.
Lucha contra la enfermedad
Pita señala que “tuve cáncer de mama hace 13 años. Fui operada, lo que fue suficiente en ese momento, pero luego de ese tiempo me apareció una metástasis en el hígado. Me ordenaron un tratamiento de quimioterapia que, a pesar de ser caro, cubrió totalmente Comepa, por voluntad propia de la mutualista, porque tampoco estaba registrado y en el Fondo Nacional de Recursos no figuraba. Me hizo mucho bien porque el tumor se redujo y otros pequeños desaparecieron. Después fui sometida a una cirugía muy importante de hígado en la que se me sacaron el tumor reducido. La biopsia dio negativa, o sea que el medicamento había surtido buen efecto. Pero tuve la mala suerte de que a los cuatro meses me apareciera otra vez, en el mismo lugar”.
“Entonces me trataron con la misma medicación, que había sido tan buena --Herceptin-- y que en esa segunda oportunidad sí la tuve que pagar”, aclara. “Salía alrededor de $45.000 cada ampolla y me tenía que dar una cada 21 días, asociado a otro medicamento que sí me proporcionaba Comepa. Cuando me hice la tomografìa de control la enfermedad había progresado, tenía más tumores en el hígado y el primitivo estaba igual; no siguió achicándose. Ese medicamento”, recuerda, “lo compré con la ayuda solidaria de la gente, porque se hizo una colecta a través del BROU y mediante el teléfono. Con ese dinero compré esa segunda tanda”.
“Entonces, cuando el Herceptin ya no hizo más efecto --en mi caso, que soy ‘hercepton positiva’, es decir que tengo los genes ya predispuestos al cáncer--, lo que corresponde tomar es el Lapatinib asociado a otro medicamento que me proporciona Comepa. El Lapatinib viene en cajas de 70 comprimidos y tengo que tomar 5 por día. Es una quimioterapia oral”.
Es la droga indicada
Asegura Pita que esa es la droga indicada, porque consultó en la Clínica Fleming de Buenos Aires con el doctor Reynaldo Chacón, oncólogo, que “me indicó esto hace más de un año. Lo que pasa es que acá no la conocían mucho y, frente al costo, lo dejé pasar y me sometí a otras drogas que realmente no me hicieron efecto. Es un medicamento del Laboratorio Glaxo. Allí lo compro, en Montevideo, donde también pedí descuento, pero no lo hacen. Es una droga nueva y los laboratorios se reservan el monopolio durante diez años, según ellos para cubrir los gastos que tuvieron durante su investigación”.
“En el Fondo Nacional de Recursos me aseguran que va a entrar en el registro de tratamientos admitidos. Recurrí también al Servicio de Asistencia al Usuario del MSP, en Montevideo, pero la nota solicitando la gestión para que sea incluido en el Fondo, que está fechada el 20 de abril, hasta ahora no me ha sido contestada por escrito. Sí lo han hecho oralmente, ante mi llamado, y la oncóloga con la cual hablé me dijo que no”.
“Lo que yo pienso es emprender una acción judicial --recurso de amparo-- contra el MSP, porque pienso que es el gobierno el que tiene que ordenar las cosas. No sé quién las tendrá que pagar; pero así es, porque la salud, la educación y la seguridad, que son temas primordiales de la sociedad, son de responsabilidad del Estado”.
gANAS DE SEGUIR VIVIENDO
Gladys Pita sostiene claramente que “acá se trata de vivir o no vivir. Yo tengo una buena calidad de vida, me siento perfectamente bien a pesar de todas las ‘quimios’ que he recibido y la enfermedad que tengo. ¡Tengo ganas de seguir viviendo!”
En cuanto al costo de los medicamentos adquiridos no da una suma total, pero sí admite que “tenía ahorros de toda una vida. Cuando se pudo, con mi esposo ahora fallecido, se ahorró algún pesito. Pero ya me gasté todo en el medicamento y en la caja de ahorro mío figuran hoy 12 dólares. No he sacado la cuenta del total, sinceramente. Como es un tratamiento preventivo y lo tengo que seguir, saqué un crédito de $100.000, con mi casa de garantía más la jubilación de docente, lo que me da para esas tres cajas y me cubre hasta el 24 de julio, en que tengo una tomografía de control. A partir de ahí no sé lo que va a pasar conmigo, porque se me acabaron los recursos”.
Sobre intentar nuevamente una campaña pública sostiene, con honestidad, que “tengo reticencias respecto a eso, porque no es justo pedirle a la gente cuando esa responsabilidad le cabe al Estado”.