Opinion | 20 Jul El hecho de que durante el gobierno del Frente Amplio haya aumentado la deserción en Primaria y fundamentalmente en Secundaria, respecto al período anterior, es indicativo de que la educación sigue planteando un notorio déficit en nuestro país, más allá de los recursos que se asignen, los enunciados y los eslóganes, desde que estamos ante un fenómeno muy complejo que no solo debe abordarse desde el punto de vista educativo.
Y no se trata solo de números, por supuesto, sino también de calidad y de las razones por las cuales hay una elevada deserción que se manifiesta desde los primeros años y que se agudiza sustancialmente en los últimos años de Secundaria y en el acceso a la enseñanza terciaria, donde el problema ya pasa por otros parámetros, si lo vemos además desde el punto de vista del Interior.
Tiene razón en este contexto el profesor Ricardo Vilaró, uno de los hombres de izquierda en que los que el ex titular del Codicen Germán Rama confió en su momento para desarrollar su reforma educativa. Vilaró, quien actualmente no desempeña cargos políticos, indicó al diario El País que “hay problemas en los que hay que sentarse a trabajarlos y pensarlos con mirada de veinte años. El que quiera resolver el problema de la educación de un año para otro, o de un período de gobierno, se equivoca. Son procesos; lo primero que hay que hacer es tratar de despolitizar esta discusión”.
Reconoció además que “la cifra de repetición, el fracaso escolar, está en el 1985, en el 90 y en el 2009”.
“Tenemos problemas de fondo, que más allá de las administraciones hay que pasar a pensarlos”, por encima del gobierno de turno. Lamentablemente, la actual administración no trajo siquiera un esbozo de proyecto para comenzar a atacar el fondo de los problemas de la educación, y se limitó a poner el tema sobre el tapete en asambleas presuntamente participativas en las que los únicos que tomaron parte fueron los docentes y los gremios directamente involucrados, por lo que no es de extrañar que su “propuesta” de reforma educativa fuera simplemente el intentar hacerse con todo el poder posible en la conducción de la educación, y de paso mejorar su situación económica y condiciones de trabajo.
Ese aspecto puede justificarse desde el punto de vista gremial, pero no desde el gobierno, que debe velar por el interés general y que por lo tanto no debe ceder al chantaje de los gremios que quieren hacer “su” reforma, empezando por ejercer el poder.
La ley de educación que aprobó el gobierno solo con sus legisladores, recogió únicamente algunos de los planteos y no introdujo un solo elemento que siquiera atacara alguno de los aspectos a corregir en la educación, desde que se partió de un diagnóstico sesgado y sin propuestas para hacer algo positivo.
El rector académico de la Universidad Católica del Uruguay y doctor en Filosofía, Pablo Da Silveira, evaluó que el gobierno “apeló a una política muy ingenua de inclusión. Como eso se hizo muy mal, los resultados han sido muy malos”, y subrayó que “el retorno de parte de los estudiantes que habían abandonado el sistema, simplemente como resultado de condicionalidades como cobrar el Plan de Emergencia, generó una serie de perturbaciones muy graves en el funcionamiento de los establecimientos”, al punto que “el costo lo pagaron los alumnos que estaban asistiendo y querían estudiar adecuadamente”.
Ello derivó asimismo en bajar los niveles de exigencia, con el resultado de una aún mayor pérdida en la calidad de la enseñanza. Y aunque pocos en este gobierno estén dispuestos a reconocerlo, porque es en esencia parte del concepto “socialista” de la educación, esto aumenta la deserción estudiantil, por cuanto se termina desmotivando a los estudiantes que son capaces de ir un paso más allá en función de los rezagados, en una opresiva espiral de mediocridad. De todas formas, debe considerarse que existe una degradación de valores que hace que estudiar no figure en las prioridades de niños y jóvenes, porque ello surge de la célula familiar y del entorno social, y mal puede actuarse eficazmente cuando quienes deberían ser los principales beneficiarios del sistema educativo gratuito y universal, por múltiples razones se desinteresan de participar. Unido eso a la baja calidad de la enseñanza, al mediocre nivel del promedio de los docentes y al desdibujamiento de objetivos claros en cuanto a orientación y capacitación para el mercado de trabajo, explican en gran parte el desafío que presenta esta problemática, y la necesidad de acordar respuestas desprovistas de todo sesgo ideológico en el mediano y largo plazo, para no seguir debatiendo sobre lo mismo dentro de veinte años.