Opinion | 27 Jul La época preelectoral, en la que todos los partidos tratan de hacer gala de sus diferencias ante el electorado, atribuir culpas de todo lo malo que pasa a los otros y ocultar las propias como sea, además de aprovechar al máximo errores o deslices en las declaraciones de los respectivos candidatos, no parece momento propicio para acordar políticas de algún tipo que dejen entrever para el ciudadano desprevenido algún síntoma de debilidad, de desdibujar principios o valores de los que se hace gala con particular énfasis en la campaña. Claro, eso ocurre en el Uruguay, donde lamentablemente desde el primer día de un período de gobierno se ingresa silenciosamente en campaña para quedar lo mejor perfilados posible para la próxima convocatoria popular, en un común denominador de falencias que no hablan muy bien de nuestro sistema político.
Tenemos por un lado a un Frente Amplio, en el gobierno, que ya estaría manejando la posibilidad de promover una reforma electoral cuyo sentido principal es eliminar el balotaje, pese a que este es un mecanismo profundamente democrático que permite que el elector tenga una segunda oportunidad para elegir a quien quiere como presidente entre las alternativas con mayor respaldo, y por ende aventando la posibilidad de que como ha ocurrido, llegue a la primera magistratura un candidato con el 20 por ciento de los votos.
Tambien está de por medio un plebiscito sobre la posibilidad de habilitar el voto consular y/o epistolar, inequívocamente propuesto por la fuerza de gobierno en favor de sus intereses, y en los actuales partidos de oposición, aunque menos abiertamente, seguramente hay planteos que en mayor o menor medida tienen intereses electorales de por medio.
Pero si hay un aspecto en el que todos los partidos deberían estar de acuerdo, y aparentemente lo están, por lo menos desde el punto de vista de los enunciados, es en la necesidad de reformar el Estado, para que éste pese lo menos posible para los sectores que producen la riqueza, desde que todos sabemos que la parte del Estado se centra en recaudar recursos y redistribuirlos, pero siempre tomando para su funcionamiento la parte del león, por lo que en los hechos se apropia sin devolución de gran parte del esfuerzo de los uruguayos de todos los sectores.
Y en eso aparentemente estuvo la Administración Vázquez, cuando tras un conciliábulo de ministros con el mandatario anunció que pondría en marcha la “madre de todas las reformas”. Pero en realidad no fue ni reforma ni madre de nada, como así tampoco siquiera pariente lejano, al punto que hoy seguimos teniendo el mismo Estado de siempre, más allá de algunas medidas anunciadas como grandes logros pero que ni siquiera han arañado la cáscara.
Por supuesto, los principales interesados en que no se toque nada del Estado son las corporaciones de funcionarios públicos, como lo han demostrado una y otra vez a través de plebiscitos en los que por las dudas se oponían a todo intento privatizador o de asociación de las empresas con privados, y también pusieron el freno a este gobierno para cualquier intento serio de cambiar las cosas. La consecuencia no se hizo esperar, y todo ha quedado en “stand by”, teniendo en cuenta que la dirigencia sindical es una de las patas fundamentales del gobierno y éste lo que menos precisa es un nuevo frente conflictivo justo cuando ingresamos en la etapa definitoria de la campaña preelectoral.
Por lo tanto, salvo que se logre un acuerdo interpartidario, con un compromiso a cumplir a rajatabla cualquiera sea el partido que acceda al gobierno, que garantice a la vez que la oposición no le hará la guerra junto con las corporaciones, es impensable que en nuestro país pueda llevarse a cabo una reforma profunda del Estado que permita que por ejemplo no quedemos agarrados del pincel cuando por imprevisiones como las de la Administración Vázquez, nos quedemos con todo el gasto público incrementado a recaudación de bonanza, cuando llegan las crisis en la que los ingresos se vienen abajo.
De poco vale, por lo tanto, apelaciones como las del candidato presidencial oficialista, a promover reformas que permitan parecernos a un Estado como el de Nueva Zelandia, cuando se tuvo todo el tiempo del mundo para parecernos un poco menos a nosotros mismos, y sin embargo, seguimos como si nada.