Opinion | 30 Jul La abierta resistencia puesta de manifiesto por la Administración Vázquez para encarar en forma decidida la problemática de la inseguridad se ha transformado en el talón de Aquiles de la fuerza de gobierno en esta campaña electoral, en la que voceros del Poder Ejecutivo procuran convencer a la población de que lejos de estar en omisión, han procurado respuestas a los problemas sociales que son caldo de cultivo para la delincuencia.
Pero por supuesto, a esta altura de los acontecimientos es notorio que la izquierda ha tardado una eternidad en asumir --suponemos que lo ha hecho-- que ejercer la autoridad no es de derecha ni de izquierda, sino que es un acto fundamental inherente a las responsabilidades de gobierno, y que acciones y reacciones encadenadas se dan en todos los órdenes de la vida cuando por ejemplo, se deja en libertad a delincuentes consumados y por ende se genera un clima adicional de impunidad.
Ocurre que el Frente Amplio se equivocó de medio a medio en el diagnóstico de la inseguridad, al minimizar el problema y reducirlo a que simplemente es consecuencia de la marginación y la exclusión, que son a su juicio producto de políticas llevadas adelante durante décadas por los partidos tradicionales.
Consecuentemente, en ese afán de pasar facturas ha señalado que la situación puede revertirse simplemente aplicando políticas sociales, mientras justifica a quienes así proceden, porque proclama que en realidad no son culpables y a la inversa, están devolviendo con sus andanzas el mal trato que les ha dado la sociedad por haberlos excluido.
Este razonamiento impregnado de ideología trasnochada y simplista indica que se tiene una visión profundamente equivocada de los motivos para que se dé este grado de delincuencia, al que por supuesto no le han podido poner fin políticas asistencialistas dirigidas a los sectores marginados, por supuesto, aunque la excusa puesta de manifiesto por el gobierno es que hay que esperar que den resultado las políticas sociales para lograr las respuestas esperadas en el abatimiento de los índices delictivos. Para lo cual, obviamente, es imprescindible que el Frente Amplio continúe en el poder por varios períodos de gobierno, porque este solo no les alcanza para probarlo.
En esa línea, el ex ministro del Interior José Díaz instrumentó la ley de humanización de las cárceles, cuya manifestación más ostensible fue la liberación de delincuentes consumados antes de que cumplieran su condena, con la consecuencia de dejar a la sociedad aún más inerme ante los antisociales que reinciden una y otra vez en el delito, cuando la prioridad debió ser proteger de sus andanzas a la población.
La ex ministra Daisy Tourné siguió en la misma línea y encima le agregó un alto grado de soberbia y delirios mediáticos que llevaron a que fuera cesada por el presidente Tabaré Vázquez, quien optó por reemplazarla por una figura que es la contracara de su antecesora, por lo menos en cuanto a la exposición pública, como lo es el doctor Jorge Bruni. Pero la realidad indica que el relevo de nombres no significa en el cambio de políticas, porque la coalición gobernante sigue adoleciendo de problemas de diagnóstico y de parálisis, derivados de visiones ideológicas que chocan con una realidad que no ve porque no quiere ver.
Y ya en campaña electoral, mientras en la principal fuerza de oposición, el Partido Nacional, ante la inseguridad que golpea a toda la sociedad pero sobre todo a los más pobres, que no pueden enrejarse ni contratar seguridad, ha anunciado un conjunto de medidas a llevar a la práctica en caso de que sea gobierno, en el oficialismo el punto no ocupa un primer plano y no hay propuestas conocidas al respecto, para éste o un siguiente período, si obtiene el respaldo popular en los comicios del 25 de octubre.
Este contraste no es producto de la casualidad, si se tiene en cuenta que el punto apenas merece un discretísimo lugar y apenas una mención en el programa de gobierno que surgió del último congreso de la coalición, sino que refleja una manera de pensar que sigue pretendiendo ignorar la realidad.
Pero claro, una cosa es lo que se quiere presentar y cómo, y otra la percepción del ciudadano, que inequívocamente advierte que mientras por un lado se hace mención recurrente a los derechos humanos, en los hechos, cuando no puede salir a la calle por la noche, debe rodear su hogar o comercio de rejas, le roban o destrozan sus vehículos, arrebatan carteras a ancianos o le roban a plena luz del día y encima lo agreden físicamente, es sometido sistemáticamente a la violación de sus derechos. Y el gobierno se hace el distraído.