Opinion | 31 Jul Que casi el cuarenta por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de nuestro país se genere en la actividad informal, es decir que no paga impuestos ni tributa a la seguridad social, y por ende incide negativamente en el tejido socioeconómico por una serie de factores que trascienden la mera recaudación del Estado, es además un indicativo de que pese al paso de los años, lejos de tomarse conciencia sobre compromisos que deben asumirse a rajatabla, se acentúa la cultura de la evasión y del todo vale, propio de nuestra idiosincrasia.
De acuerdo al estudio realizado por la Universidad Católica del Uruguay para la Cámara Nacional de Comercio, la actividad informal llega actualmente al 37%, mientras que en la década de 1960 era del orden del 6% y paulatinamente ha ido creciendo hasta llegar al máximo en el presente período de gobierno, en un guarismo que supera el promedio de los países de América Latina, donde se tiene la peor performance mundial en la materia, junto con otras áreas subdesarrolladas.
Se trata por supuesto de un elemento indeseable para toda economía, desde que refiere a cuantiosos recursos que circulan sin generar para las partes involucradas la contrapartida legal y de sustentabilidad inherente a la propia institucionalidad y ordenamiento legal del país.
Es cierto, el Estado resulta también perjudicado por esta irregularidad, desde que deja de percibir recursos en perjuicio de su funcionamiento y para sostener áreas fundamentales como la salud, la educación, la seguridad, la construcción de viviendas. A la vez, en el caso del Banco de Previsión Social, continúa deteriorándose la relación activo - pasivo, lo que va en contra de las posibilidades de mejorar las prestaciones y sobre todo de dar sustentabilidad a un régimen cuyo futuro está muy comprometido en este perfil, que lejos de dar señales de revertirse va agudizándose a ojos vistas.
De esta forma, es imprescindible asumir que el informalismo no beneficia a nadie, ni siquiera a los que lo practican, y perjudica al resto de los sectores de la economía, por cuanto conlleva un encierro para el país, y en la actualidad significa que están en juego 14.000 millones de dólares anuales que circulan por fuera de las normativas vigentes, incluyendo el trabajo en negro, la venta informal en la producción y comercio interno. Además se agregan aspectos como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de dinero, que ingresen en un área delictiva distinta a la evasión propiamente dicha.
Existen factores degenerativos que influyen para que se estimule el informalismo, que son por un lado la alta carga impositiva, y la ausencia de controles reales, determinantes para que al fin de cuentas resulte buen negocio trabajar al margen de la normativa vigente.
Así, mientras haya mayores necesidades fiscales y por lo tanto se apunte a recaudar más mediante un incremento de los impuestos vigentes o se incorporen otros, se agregarán estímulos para la evasión, recargando el peso de sostener el sistema en quienes hacen grandes esfuerzos por mantenerse dentro de la legalidad, sin olvidar que hay un amplio sector del empresariado que apela al trabajo en negro parcial para poder mantener su actividad.
Por lo demás, desde el punto de vista cultural, existe la percepción --que no es infundada-- de que los impuestos que se pagan no son utilizados criteriosamente por el Estado, y que en realidad el contribuyente está sosteniendo una gran burocracia y una ineficiencia crónica que no se traduce en obras ni en servicios a la sociedad.
Por lo tanto, las soluciones reales para el informalismo y el “todo vale” pasan por lograr una mayor eficiencia del Estado, y no quedarse en los enunciados de grandes reformas que luego no se concretan, así como mejorar sensiblemente los controles junto a una reducción de la carga fiscal para que todos paguemos menos. Paralelamente deben bajarse sustancialmente los costos de la formalización, sobre todo para las pequeñas empresas y trabajadores cuentapropistas a los que se ha pretendido atender con medidas puntuales, pero que no ha logrado captar a la enorme mayoría de quienes procuran mejorar sus ingresos evadiendo, por falta de concientización pero también porque han asumido que la relación costo - beneficio no les favorece, por lo que estamos ante un aspecto básico a corregir.