Opinion | 27 Jul Con bombos y platillos, el gobierno ha anunciado los acuerdos con la República Bolivariana de Venezuela. Incluso los parlamentarios uruguayos se “integraron” con los venezolanos al formar el Grupo de Amistad Interparlamentario. Durante la firma de constitución del grupo, los legisladores firmantes –todos oficialistas-- resaltaron el intenso intercambio entre ambos países y los esfuerzos solidarios expresados por Venezuela en Uruguay.
Bonitas palabras. Sin embargo, no todas son rosas. En 2006 se aprobó un acuerdo con Venezuela para intercambiar petróleo por productos agroindustriales. Pero este negocio no ha resultado en beneficio para los productores uruguayos porque el país de Chávez no ha cumplido con sus obligaciones.
Las mayores empresas del sector lácteo uruguayo denunciaron que el gobierno chavista impide el envío de sus embarques a esa nación y no concreta el pago de algunos negocios por las restricciones para la liberación de divisas que estableció en días anteriores.
Según “El País”, el Ministerio de Alimentación de Venezuela, que otorga las licencias de importación a proveedores, planteó a las empresas uruguayas la necesidad de diferir los embarques de leche en polvo previstos para 2009 y 2010, por un exceso de stock y ante la presión de los productores lecheros venezolanos.
Conaprole tiene un negocio firmado con Venezuela desde agosto de 2008 por 20.000 toneladas de leche en polvo, pero hasta ahora no realizó ningún envío. Ecolat debió postergar un embarque de 1.000 toneladas de leche en polvo previsto para junio. Los contactos realizados por los ejecutivos de las empresas uruguayas en Venezuela no han dado resultado para normalizar el flujo comercial.
Otras empresas uruguayas que exportan quesos a Venezuela, como Claldy, Pili, Calcar y Bonprole, también enfrentan problemas para cobrar sus negocios debido a las restricciones para la liberación de divisas, en el marco del control de cambio vigente en Venzuela.
La firma de acuerdos comerciales con otro país siempre es bienvenida, porque con ellos el Uruguay crece y nos beneficiamos todos. No obstante, es deber del gobierno asegurarse que existan garantías para su cumplimiento. De lo contrario, los efectos son inversos, causando pérdidas para las empresas, sus empleados, los productores de materia prima, y en definitiva, todos.