Solicitan apoyo de la Junta

Locales | 03 Ago La Comisión de Hacienda y Cuentas de la Junta Departamental, presidida por la edila Nancy Fontora, recibió a una delegación de comerciantes e industriales guichonenses, quienes expresaron sus quejas por la forma de proceder de los inspectores de la Dirección General Impositiva y solicitaron se les apoye a efectos de lograr una solución a la problemática que enfrentan. La misma no solo es de orden económico, aunque se aplican multas que van desde los $70.000 a los $4.000.000, que deben pagarse un 20 por ciento del total en seis meses y cuotas durante el siguiente año, con un total de tres años para saldar la multa aplicada, junto con el pago de la tributación normal que genera la actividad comercial que cada uno de ellos realiza.
Estuvieron presentes los ediles que expusieron el tema en sala, David Helguera y Beder Mendieta, así como los demás integrantes de la comisión y otros ediles, además de los empresarios Daniel Moncalvo, Mirta Verocay de Lasaga y José Luis Dalmao de Agromecánica “El Vasco”, D. Mawad, representante de Madoplan S.A., Luis Pizarro de Farmacia Nanitos, el periodista Remigio Guichón, también inspeccionado por la DGI, así como Roberto Cabrera y Esteban Stefane, quienes trabajan en el rubro forestal y tienen radicación empresarial en Algorta. Asimismo estuvo en el ambulatorio el representante nacional por Paysandú, Bertil Bentos, oriundo de la ciudad de Guichón. Sobre las conclusiones y pasos a seguir, los integrantes de Hacienda y Cuentas informarán al plenario de la Junta Departamental. Importa sí destacar lo que detallan por escrito y con la firma de las personas antes señaladas, luego de haber mantenido una reunión, el miércoles por la noche, en el Centro Comercial de Guichón.
Procedimientos discriminatorios
Aseguran que “a primera vista podría pensarse que es una movilización (la que realizan) que interesa exclusivamente a comerciantes e industriales de Guichón, que se han visto afectados recientemente por procedimientos inspectivos que pueden calificarse de discriminatorios, excesivos desde todo punto de vista (hasta en el trato que tiene que existir de parte de cualquier funcionario público hacia sus ciudadanos) e injustos en sus resultados. Los criterios utilizados por la DGI (a la que nos referimos básicamente en este documento, aunque también hubo inspecciones del Banco de Previsión Social y otras reparticiones estatales de recaudación tributaria), siguen sin tener en cuenta una serie de circunstancias con las que el comercio y la industria local tienen que ‘lidiar’ cotidianamente”. Respecto a esas circunstancias adversas marcan: “márgenes de ganancia cada vez más exiguos, no producto de una leal competencia comercial (como sería lo correcto en un sistema de libre mercado) sino forzado por los imponderables a los que haremos alusión. El informalismo en sus más variadas versiones sigue igual y en algunos casos se ha disfrazado de monotributista. Esto es, que comercios de cierto porte reducen el local a las exigencias mínimas y ‘legalizan’ su situación con aportes que están previstos para el kiosquero de la esquina, el vendedor de garrapiñada, el manicero u otras formas dignas de ganarse la vida”.
Situaciones
anormales que señalan
En el documento entregado a EL TELEGRAFO señalan también que “en algunos casos se agregan actividades comerciales que se desarrollan en viviendas que están subsidiadas en el pago de cuotas y de servicios de UTE y OSE, como lo son aquellos pequeños comercios que funcionan en viviendas de Mevir y otros planes sociales. Pequeños empresarios de comercio y de la industria que son funcionarios públicos, cuya formalidad (principalmente con el BPS) no les angustia en razón de que su futura pasividad ya está asegurada. Otros pequeños empresarios que se han acogido -merecidamente- luego de más de 30 años de trabajo comercial o industrial, a los beneficios jubilatorios pero que no tienen más remedio que seguir trabajando para completar las irrisorias jubilaciones que, lamentablemente, no han mejorado”.
Luego de mencionar el conocido problema del contrabando refieren a otras cargas tributarias indirectas que los afectan: “cualquier empresa comercial, industrial o de servicios (como talleres mecánicos, carpinteros, electricistas, compostura y fabricación de calzado, gestorías, constructoras, servicios forestales, sanitarios, etcétera) además de los aportes a BPS y DGI deben tributar un 22 por ciento sobre las facturas de UTE, OSE, ANTEL (u otras empresas de telefonía móvil). Sobre los productos de ANCAP es mayor el porcentaje de impuestos que pesa sobre combustibles y lubricantes. Seguros obligatorios en sus distintas formas, ya sea sobre los inmuebles, personas y vehículos. Tributos municipales como la Tasa Bromatológica, Patente de Rodado, Contribución Inmobiliaria sobre los locales de propiedad de la empresa, impuesto de alquileres en los locales arrendados”. Reiteran que “queda claro entonces cuál es el origen de la baja rentabilidad a la que aludíamos al principio, la que en ningún momento se basa en la libre competencia comercial o industrial, sino que es el producto de todas esas circunstancias extra mercado”.

FUENTES DE TRABAJO
Sostienen que con las consecuencias a enfrentar “Guichón puede quedar sin algunas fuentes de trabajo y eventualmente sin algunos servicios que luego tendremos que buscar en la capital departamental”. Puntualizan que “con esta movilización no estamos pidiendo a las autoridades que actúen por el lado más sencillo de inspeccionar (y eventualmente sancionar) a todos los que realizan alguna actividad industrial, comercial o de servicio y cuyas puertas no estaban abiertas durante la presencia de los inspectores. No, porque eso no conduce a nada ni beneficia a nadie”. Piden “estar atentos a lo sucedido, pues los procedimientos realizados van a afectar muchísimo más allá de lo que puntualmente pueda afectar a tal o cual empresa en forma individual”.

SE SIENTEN INDEFENSOS
En su declaración los guichonenses afectados sostienen que “estamos levantando respetuosamente la voz porque nos sentimos indefensos. Ni siquiera podemos estar tranquilos con la contratación de contadores u otros profesionales, porque también ellos son víctimas de un sistema cuyas reglas de juego y de trabajo no están claras para nadie. Los profesionales formados para eso están trabajando en medio de una gran incertidumbre al no poder asegurar a ninguno de sus clientes si lo que está tributando es lo correcto o no. Y ello se trasluce en insólitas actitudes fuera de lugar de los funcionarios que nos visitaron estos días, con expresiones tales como ‘algo vas a tener que pagar’, aún antes de contar con la documentación y realidad de la empresa a inspeccionar”.
Aclaran debidamente que “no podemos enojarnos con nuestros contadores, a quienes les angustia de igual manera la situación y en muchos casos deberían contar con la buena disposición de sus clientes para no ser pasibles ellos de eventuales juicios por ‘mala praxis’ u otras formas de responsabilidad solidaria ante los entes recaudadores”.
“De igual forma no podemos juzgar ni señalar a nuestros vecinos jubilados que siguen trabajando para completar su magra jubilación, etcétera, porque son temas a solucionar a largo plazo y en otros ámbitos”.