Opinion | 04 Ago En otra arremetida contra la libertad de prensa y de información, por supuesto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, de un plumazo sacó del aire a 34 emisoras y advirtió a otras doscientas que también podrían perder sus licencias para salir al aire.
Por supuesto, no se trata de una decisión adoptada un buen (mal, mejor dicho) día, cuando se levantó con el pie izquierdo y decidió sobre la marcha anularle las concesiones a las radioemisoras, sino que forma parte de una campaña sistemática, propia de los regímenes dictatoriales, que procuran silenciar a quienes no le son afines y opinan en forma independiente.
Por supuesto, quien así actúa trata de buscarle un barniz legal a la cosa, en este caso con el argumento de revisar las concesiones a “familias” titulares de los medios de comunicación, como ha hecho con diarios y otras publicaciones, por considerarlas vencidas, pero a la vez se cuida muy bien de que los “vencimientos” no afecten a los medios que le son fieles y difunden sus políticas.
El punto es que las emisoras cerraron sus transmisiones en la mañana del sábado, al recibir una notificación formal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), instancia en la que centenares de personas se concentraron alrededor de sus locales en Caracas y otras ciudades del interior para manifestar su rechazo a la medida presidencial.
La decisión, de acuerdo a lo manifestado por jerarcas de la comisión, es de carácter administrativo, y se instrumenta al mismo tiempo que se estudian nuevos proyectos legales para regular los medios de comunicación, mientras desde el gobierno se critica duramente la tarea que desarrolla la prensa privada.
Pero quienes no están en sintonía con el régimen de Chávez no opinan de la misma manera, y es así que la organización nacional de defensa de la libertad de expresión Espacio Público indicó --a través de uno de sus voceros-- que la intención de estas medidas es “fracturar los circuitos de transmisión de alcance nacional de contenidos críticos e independientes. Estamos asistiendo al mayor dispositivo restrictivo a la libertad de expresión que se haya visto en Venezuela, sin precedentes en la época democrática”.
Claro, estamos ante una forma de presión más o menos solapada contra los medios de prensa, que por un lado apunta a silenciarlos mediante el cierre de radios y diarios, pero a la vez, al advertir a otros doscientos de que pueden correr igual suerte, en realidad se está ejerciendo una amenaza clara que apunta a que los mismos medios ejerzan autocensura para no desatar las iras del poder de turno.
Y en cuanto al cercenamiento de la libertad de prensa, un sello de fábrica de las dictaduras, no hay ideología que valga, porque lo han ejercido tanto los regímenes de derecha como de izquierda, desde los Stroessner y los Salazar hasta los Stalin y los Castro, en todos los casos invocando razones de interés general y de defensa de la patria amenazada por quienes representaban intereses espurios, entre otras argumentaciones de similar calaña.
De lo que se trata, lisa y llanamente, es de acallar las críticas y manejar la información al antojo del mandamás de turno, porque no hay gobierno que no acepte de mala gana que le marquen sus errores o intenciones políticas en tal o cual asunto. La vigencia de la libertad de expresión es puntal de la democracia, que no se concibe sin un respeto irrestricto a este derecho, sin por ello dejar de establecer formas de regulación para que no se caiga en el vale todo, sin asumir las responsabilidades intrínsicas al ejercicio responsable de las libertades.
Es precisamente cuando se reciben críticas de diverso calibre que se pone a prueba el temple democrático de un gobierno, ante la tentación de ejercer el poder orillando los límites constitucionales y legales o directamente vulnerándolos. También hay formas más sutiles de ejercer presión, como es el caso de llamadas a los responsables de los medios o cuestionándolos públicamente, incluso identificándolos directamente como opositores, como en algún momento hiciera el propio presidente Tabaré Vázquez, y en mayor o menor medida sus antecesores en este cargo.
En todos los casos están de por medio factores inherentes a la condición humana, porque a nadie le gusta ser cuestionado, pero de lo que se trata es de tener la formación democrática, de apego al ordenamiento institucional para, por encima de juicios de valor, defender la vigencia de la institucionalidad y los derechos de todos los ciudadanos, como corresponde a todo gobernante al que el soberano otorga su confianza para regir los destinos de un país.