ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 04 Ago Es suficientemente conocido el conflicto suscitado en Honduras; sin embargo, es pertinente exponer breve síntesis de lo allí sucedido.
En las elecciones presidenciales realizadas en 2006, Manuel Zelaya fue triunfador con el 28% de los votos. Era entonces considerado  un candidato de centro derecha y pertenece a  lo que se entiende como la aristocracia hondureña, que también integra quien actualmente, en forma contraria a la Constitución, lo ha suplantado en  el ejercicio de la presidencia. No obstante haber sido electo Zelaya como integrante de un  sector de centro derecha según arriba se señala, después de cierto lapso en el ejercicio de la primera magistratura hizo sorpresivamente un giro a la izquierda. Y, en función de lo que se ha calificado como ambición por la continuidad en el cargo presidencial, intentó promover su reelección, que hubiera sido violatoria de la Constitución hondureña, vigente desde 1982, pues la prohíbe y,  además, dispone que el quebranto de la respectiva disposición o la proposición de su reforma determinará que quienes tal pretensión  apoyen, directa o indirectamente, cesarán en sus  cargos y serán  inhabilitados por diez años para el ejercicio de las funciones de índole  pública.
El referido Presidente relevó al Ministro de Defensa y al Jefe del Ejército, lo cual generó una crisis, ya que la Justicia le ordenó su reposición en los cargos. También había llamado a un referéndum para revalidar su poder, lo que fue desconocido por el Congreso al punto de que ningún diputado de su partido estuvo dispuesto a asumir su defensa. Y, tal como se ha informado, la mayoría de los legisladores decidió separarlo del poder. La decisión de apartarlo de sus funciones fue básicamente adoptada por el Parlamento con el apoyo del Poder Judicial, poderes que ulteriormente acudieron ante los mandos militares para pedir que el Presidente Zelaya  fuera depuesto y desterrado. En su lugar fue encargado de la Presidencia de la República Roberto Micheletti.
Fue ciertamente bien fundada  la preocupación de la comunidad de los Estados americanos por el hecho de que el Presidente de un país integrante de tal comunidad haya sido, por la fuerza, destituido del cargo que ocupaba por el voto popular y de acuerdo  con el régimen constitucional. Como se ha dicho con razón, tal vía, que no es sino un “golpe de estado”,  no era la  que desde el punto de vista de la aplicación del orden jurídico  correspondía seguir en el caso.
Sin embargo, en concepto de  quien escribe fue equivocado el criterio, bastante extendido, de reputar en el caso  que tan grave situación se debía resolver, por ser  un  “golpe  de estado”,  simplemente mediante la reposición del magistrado depuesto  en el cargo del cual fue privado por la fuerza, pues las circunstancias que en el caso se dieron no fueron simples. En efecto: fueron  precedidas de violaciones al régimen constitucional vigente en Honduras, que generaron una situación  tal de pugna y de enfrentamiento que tornó en los hechos inviable la simple reposición de quien fue depuesto, pues además de estrictas  razones de índole jurídica  militan  otras derivadas de las actitudes del mandatario depuesto, también  violatorias del régimen jurídico, que tuvieron por tanto mucha relevancia política.
En tal circunstancia, lo que la comunidad de países latinoamericanos debería con denuedo buscar es un razonable acuerdo entre las partes enfrentadas, como propuso el Presidente Arias de Costa Rica, que asegure el retorno de Zelaya a la presidencia sobre la base de que el acuerdo  también asegure la plena vigencia de la Constitución por ambas partes y,  por tanto, que garantice la realización  de las próximas elecciones para  elegir un nuevo  presidente.
Solo mediante un acuerdo sobre  bases de tal índole se  podrá lograr  que se ponga en marcha el restablecimiento del ordenamiento constitucional y, por encima de todo, que se reimplante el  mutuo respeto de las fuerzas políticas enfrentadas, fundamental para que el restablecimiento institucional sea, como es indispensable, duradero. Y ello es urgente  para que el enfrentamiento interno, si continúa, no deteriore en tal grado la situación interna que torne muy difícil volver a la normalidad política y por encima de todo,  institucional.