Opinion | 07 Ago A partir del 1º de setiembre se pondrá en vigencia el decreto por el cual el Poder Ejecutivo modificará el régimen especial dispuesto a partir de diciembre de 2007 para la venta de naftas de Ancap en ciudades fronterizas con la Argentina, y que a partir de una reducción en la carga del Imesi permite obtener una rebaja del orden del 28 por ciento en las compras por tarjeta de crédito.
Este beneficio se instrumentó para un radio de hasta veinte kilómetros a partir de las ciudades de Salto, Paysandú y Fray Bentos, teniendo en cuenta su cercanía con la Argentina y el consecuente trasiego de combustibles, sobre todo de naftas, desde la vecina orilla, a lo que fundamentalmente en la zona de Paysandú y Salto se agregaba el cruce de ciudadanos a efectos de la compra de mercadería diversa, sobre todo de alimentos, de forma de aprovechar la doble ventaja del combustible barato y artículos a menor precio que los de este lado del río.
Este movimiento, debido al pronunciado desfasaje en los precios de las naftas, ante su valor subsidiado en la Argentina y a la fuerte carga tributaria en nuestro país, se manifestaba en abierto perjuicio de la actividad comercial en Salto y Paysandú, desde que sobre todo los días de cobro tenía lugar un cruce masivo para compras en el comercio de Colónjunto con la adquisición de combustibles, a lo que se agregaba el trasiego de nafta para su venta clandestina.
Este desplazamiento de miles de personas por mes significaba no solo serios perjuicios para el comercio instalado y la estabilidad de la fuerza laboral empleada por las empresas locales, sino que también el Estado dejaba de percibir un volumen de recursos muy significativo por concepto de impuestos y cargas sociales, lo que se agregaba a la carga tributaria del carburante que se dejaba de percibir debido a las compras de nafta en localidades como Colón y Concordia.
Este escenario no era novedoso, además, sino que se había manifestado a lo largo de muchos años, y la Administración Vázquez tuvo el mérito de ser receptiva al planteo de los centros comerciales de la región, de analizar alternativas a la situación, y a la vez de diseñar un esquema de pago con tarjetas de crédito, que permite el reintegro de parte de los impuestos al comprador.
Tuvo además la decisión de llevarlo a la práctica, pese a las dudas iniciales sobre su eventual distorsión, y la realidad indica que se tuvo éxito en cuanto a su monitoreo y control, pero sobre todo en la repercusión positiva en el movimiento comercial y la actividad de las estaciones de servicio, que había decaído notoriamente, las que incluso tenían parte de su personal ya en el despido o en el Seguro por Desempleo.
Por lo demás, las ventas de nafta crecieron en forma inmediata, en guarismos que inicialmente llegaron a superar el 70 por ciento, y que una vez nivelado el desequilibrio, se ubicaron aproximadamente en el 50, con altibajos, y siempre teniendo en cuenta que en forma permanente se ha mantenido un porcentaje de automovilistas que regularmente se traslada a Argentina para la compra de combustible y mercaderías.
La decisión de modificar el decreto, llevando la rebaja del 28 al 16 por ciento, solo puede tener una explicación, --pese a que se ha estrechado en algo la brecha en los precios del combustible entre ambas orillas-- que es que el Estado necesita recursos con urgencia para nivelar sus cuentas. No puede esperar porque el déficit fiscal es creciente y éste surge, entre otros factores, como consecuencia de la crisis internacional que en su momento se minimizó con el argumento de que el Uruguay estaba “blindado” y de que había espacio fiscal.
El espacio fiscal ha desaparecido, porque el gobierno ha gastado más de la cuenta y los ingresos han decaído, y ahora se ha apelado con ansiedad a un aumento en las tarifas de UTE y también de los combustibles en procura de recaudar más dinero en la actual coyuntura. El punto es que el Imesi y las facturas de UTE son de recaudación inmediata, aunque en este caso la medida puntual sobre las naftas en el Litoral afecte el movimiento comercial y la dinámica de las ciudades litoraleñas. La venta de combustibles significa dinero contante y sonante, en tanto que la recepción de impuestos por menos ventas en el comercio y actividad económica se desarrolla en un período significativamente mayor.
Por lo tanto, se optó por la inmediatez y la urgencia, antes que por la sustentabilidad, en una actitud que contrasta drásticamente con la que se tuvo en su momento para adoptar una medida largamente reclamada, lo que denota que el panorama ha cambiado por no haberse actuado con sentido común cuando las circunstancias así lo aconsejaban, y en cambio se tuvo una soberbia que hoy se está pagando.