Opinion | 17 Ago En Canelones, un correo electrónico firmado por un grupo denominado “Los Guardianes” recibido en la seccional 25ª de Barros Blancos insta a castigar a “delincuentes” identificados con nombre y apellido. El correo electrónico fue reenviado al juzgado de Pando.
Según informó “El País”, el presunto grupo incluyó en el e-mail enviado a la comisaría una lista de nombres de personas de la zona de villa El Gallo --ubicada en el kilómetro 28 de Ruta 8-- con antecedentes penales a los que amenazan con ajusticiar por mano propia.
Estos son los riesgos que se corren cuando un Estado no brinda a su ciudadanía la seguridad necesaria. Cuando se niega la realidad que afecta a diario a la población, sea por las razones que sea. Cuando la carencia de medios impide a la policía proteger a la ciudadanía. Cuando los delincuentes ya son conocidos y se los puede ver por la calle “sueltos”, sin ninguna preocupación.
Cuando esto sucede, la ciudadanía reacciona. La gran mayoría procura aumentar las medidas de seguridad en hogares y comercios. Pero otros deciden protegerse adquiriendo armas, dispuestos a enfrentarse en una batalla campal con los delincuentes.
En tanto algunos deciden salir a buscar justicia por mano propia, hartos ya de la impunidad, ante delincuentes que entran cuantas veces quieren a tomar lo que un ciudadano logró con duro trabajo --que posiblemente insumió varios años—, que violentan y destruyen hogares, que lastiman por robar una cartera, que balean para llevarse la recaudación del día de un comercio.
Sin embargo, la denominada justicia por mano propia no es justicia.
Una sociedad regida por el derecho, como es la nuestra, debe respetar el debido proceso, pues toda persona tiene derecho a ciertas garantías y debe tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez.
Este movimiento generado por “Los Guardianes”, más allá de que concreten o no su amenaza de justicia por mano propia, debe ser una alerta para las autoridades, que tienen que admitir la gravedad de este problema y poner en marcha medidas que resulten en una recuperación de la seguridad pública.