Opinion | 16 Ago Pese a concentrar el grueso de la actividad económica del país, y a la vez emplear a la mayor parte de la fuerza laboral, las micro, pequeñas y medianas empresas –consideradas en este grupo a las que emplean hasta diez personas-- enfrentan serios problemas para su desenvolvimiento, lo que precisamente conspira contra los intereses del Uruguay.
No es un problema nuevo ni mucho menos, sino que lamentablemente estamos ante un mal endémico, con el que hemos aprendido a convivir, pero que a la vez constituye una rémora para el desarrollo y es generador de muchos problemas que los uruguayos podríamos ahorrarnos para nuestro bien.
Se han sucedido los gobiernos de todos los partidos y con altibajos han surgido paliativos y soluciones parciales, pero sin dar con una respuesta adecuada para la problemática del sector, que es vasta y varía de acuerdo al ramo, pero que tiene una serie de elementos como común denominador que deberían tener respuestas condignas.
En este contexto, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype) presentará a fines de setiembre una serie de planteos a los candidatos a la Presidencia para que sean incluidos en sus agendas de medidas, de acuerdo a lo adelantado a El País por el vicepresidente de la gremial, Pablo Villar.
Pese a que la Administración Vázquez en su momento aprobó 27 medidas dirigidas al sector, el grupo de las micro y pequeñas empresas se vio “débilmente afectado por la crisis, salvo en aquellos sectores exportadores o que trabajan dando servicios a empresas textiles, metalmecánicas, autopartistas y del cuero”.
Evaluó que teniendo en cuenta que solo el 2 por ciento de las PYME son exportadoras, el escenario internacional adverso no ha perjudicado directamente a estas pequeñas empresas, aunque sí puede haber repercutido en forma indirecta en cuanto a la demanda de sus productos y servicios como efecto secundario.
Observó el dirigente que la crisis se suma al período electoral y que por lo tanto se está “ante dos efectos que han complicado algunos sectores empresariales por las expectativas que se generan”, aunque evidentemente este es un aspecto coyuntural que no va al fondo del asunto, que pasa por ejemplo por la extrema vulnerabilidad que implica por un lado contar con escasos recursos para capacitación, incorporación de tecnología, modernización en la gestión, disponibilidad de capital de giro e inversión, nada menos.
Este es seguramente el talón de Aquiles de las pequeñas empresas, donde a la vez se pretende compensar problemas de rentabilidad con el trabajo informal, lo que lejos de favorecerlas les permite subsistir pero realimentando carencias para quienes de ella dependen y a la vez agravando el esquema negativo que conlleva el informalismo en todos los órdenes.
Claro que en este caso se reedita el viejo dilema del huevo y la gallina, por cuanto informalismo significa fundamentalmente evasión, pero también desprotección para amplios sectores del tramado socioeconómico que dependen de las PYME, y a la vez menos recaudación para el Estado, con lo que en realidad también se acentúa la carga fiscal sobre los que efectivamente aportan y se agudiza la competencia desleal en el mercado.
Quiere decir que estamos ante una situación que no favorece a nadie, cuando por un lado evadir y estar en negro es un buen negocio si se tiene en cuenta el peso de la carga fiscal sobre parámetros como rentabilidad y costos de funcionamiento, pero a la vez se establece un circuito degenerativo de nefastas consecuencias.
Paralelamente, muchas veces el Estado tiene un apresuramiento desmedido en recaudar en quienes se han registrado para iniciar una actividad, con la consecuencia de que los emprendedores suelen quedar por el camino a las primeras de cambio y la alternativa que les queda es trabajar en el informalismo para “ir tirando”.
Estos pocos elementos bastarían para justificar la necesidad de insistir y trabajar creativamente en promover la actividad de las PYME, su acceso al crédito --un buen paso es la instauración reciente del Sistema de Garantías estatal SIGA-- así como facilitar la asociación en compras de insumos y comercialización conjunta para obtener mejores precios en los mercados, además de incorporar condiciones más accesibles para su regularización, con algún renunciamiento fiscal inicial a cuenta de favorecernos todos en el mediano y largo plazo.