Paysandú, Jueves 20 de Agosto de 2009
Opinion | 20 Ago La misteriosa muerte de un hombre en una vivienda de la zona sur de calle Guayabos y la posterior detención de un individuo poseedor de antecedentes penales -quien admitió haber atacado con un cuchillo a la víctima- puso una vez más de relieve el recrudecimiento en nuestro país de ciertas modalidades de delito. Sin embargo, más allá del rasgo trágico del episodio, la prematura liberación del principal sospechoso demuestra las imperfecciones de un sistema de Justicia no siempre capaz de proteger eficazmente a los ciudadanos.
El hallazgo del cadáver, con evidentes signos de violencia, derivó en una eficiente investigación policial que en pocas horas propició la detención de un individuo poseedor de antecedentes penales por --entre otros delitos--, homicidio y lesiones graves. Aunque en primer momento el detenido negó cualquier vinculación con el hecho, finalmente admitió haber acudido al domicilio de la víctima y posteriormente, en el transcurso de una supuesta discusión, haberlo atacado con un cuchillo, infligiéndole graves heridas en la cabeza.
El caso parecía casi resuelto, pero las pericias forenses determinaron que los profundos cortes en la cabeza de la víctima no fueron las verdaderas causas del fallecimiento, sino que probablemente el deceso se registró a consecuencia de una descarga eléctrica posterior a la agresión.
Esta circunstancia derivó casi inexplicablemente en la liberación del atacante confeso, quien por estas horas podría haberse ausentado del país, ya que –según fuentes policiales- no se encuentra bajo vigilancia, en tanto una fuente cercana a la investigación reveló que hasta tanto no se determinen las verdaderas causas del fallecimiento la Justicia no tiene potestades para privar de su libertad al agresor.
Puede ser que la letra fría de la normativa determine que se llegue a decisiones tan controvertidas como esta, pero los jueces deberían igualmente disponer de elementos necesarios para aplicar prisiones preventivas y de esta forma proteger a los ciudadanos de potenciales amenazas.
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