Opinion | 21 Ago El déficit habitacional crónico que afecta nuestro país desde hace años, lejos de reducirse en la administración de gobierno del Frente Amplio, se ha incrementado, pese a que desde esferas gubernamentales se menciona que se han logrado en este período unas 45.000 “soluciones habitacionales”.
Tradicionalmente, este concepto de “solución habitacional” se ha utilizado como sinónimo de incorporación de viviendas nuevas, pero esta calificación se aplica en la presente administración también –y sobre todo-- a la regularización de casas en situación precaria, como es el caso de las de asentamientos, así como al aporte de materiales para la terminación o mejora de construcciones de modesta condición ya existentes, por lo que en realidad la construcción de viviendas nuevas ha sido de una cifra muy menor a las de gobiernos anteriores.
Así, estamos igual o peor que antes en cuanto a las posibilidades de acceso a la vivienda propia por los sectores de menores ingresos, es decir en lo que refiere a la denominada vivienda de interés social.
No puede extrañar por lo tanto que las necesidades en la materia se incrementen, y que sea cada vez más frecuente que haya terrenos en los que se levantan construcciones de dos o tres generaciones de una misma familia, en la mayoría de los casos en forma precaria, añadiendo piezas y por ende con una disposición de la casa que deja mucho que desear en cuanto a practicidad y confort.
Esta es una realidad con la que los sanduceros y los uruguayos convivimos a diario y que por lo tanto no puede ser disfrazada con la concepción de “soluciones habitacionales”, si esa era la idea, y tampoco utilizada con fines electorales, como se desprende de recientes declaraciones del candidato presidencial José Mujica, quien proclamó que “al otro día” de ser electo presidente iniciará ya la construcción de viviendas para los asentamientos, sobre lo que legítimamente cabría preguntarse por qué ya no ha empezado a hacerse o por lo menos elaborado proyectos y buscado la posible financiación.
Estamos ante un déficit que se arrastra desde hace varias décadas, y lo que es peor aún, con marcada repercusión negativa en los ciudadanos de menores recursos, desde que es en esta área donde realmente se manifiesta la escasez de viviendas, lo que a la vez repercute en el precio de los alquileres.
Como agravante, la aplicación de la reforma tributaria y el consecuente impuesto a los propietarios de bienes inmuebles para alquilar determinó que ante la mayor carga tributaria el propietario trasladara el costo adicional al inquilino, por lo que en realidad este impuesto fue a recaer directamente sobre las espaldas de las familias sin casa propia y que alquilan las viviendas de más modesta condición.
Este proceso, lejos de atenuarse, se ha agudizado en el último año por la falta de disponibilidad de unidades habitacionales, simplemente porque son muy limitados los planes de construcción de viviendas de interés social, por cualquiera de las modalidades existentes. Tampoco se ha atendido debidamente al sistema cooperativo, desde que los recursos han aparecido por cuentagotas y con razón el sector se queja de la falta de apoyo oficial a la construcción de viviendas por este sistema colectivo.
Como prueba de este desfasaje en cuanto a los ingresos y la posibilidad de acceso a la vivienda para arrendamiento, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tomados con referencia solo a Montevideo pero que pueden ser extrapolados con un grado menor de error a todo el país, indican que la brecha entre los alquileres máximos y mínimos se redujo frente a igual mes del año anterior, con un encarecimiento general del 16,2 por ciento.
Pero el aumento fue desigual, desde que en las zonas más baratas para alquilar la suba fue del 22,6 por ciento y en las más caras del 8,8 por ciento, lo que confirma que los sectores donde es más acuciante el problema de la falta de vivienda son los más afectados por la suba en los precios, en el marco de una problemática que repica en todo el país. El acceso a la vivienda de interés social es por lo tanto materia pendiente en el Uruguay, y parte esencial de una “deuda social” que no se atiende, pese a las decenas de miles de “soluciones habitacionales” proclamadas, que por cierto no existen como tales.